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El Defensor del Pueblo considera que las compañías navieras
no incurren en “irregularidad alguna ni vulneración de la
legalidad vigente” en su actividad en la línea marítima
Ceuta-Algeciras-Ceuta, pero no obstante a instado al
Ministerio de Fomento a, “dentro de sus competencias,
extremar la vigilancia de estos aspectos [la calidad de sus
servicios] exigiendo a las compañías el mantenimiento de
unos parámetros de calidad mínmos y suficientes”. Esa es la
respuesta que Enrique Múgica ha dado, una vez informado por
las distintas Administraciones, de la queja que sobre este
tema le trasladó el CES en marzo.
Los mil folios que el Consejo Económico y Social (CES) de la
ciudad autónoma remitió al Defensor del Pueblo la pasada
primavera en forma de queja para instarle a tomar cartas en
el asunto del transporte marítimo por su carestía y la
deficiencia de los servicios que prestan las navieras en la
línea Ceuta-Algeciras-Ceuta ya tienen respuesta. Son trece
páginas en la que Enrique Múgica resume los informes que
sobre este tema solicitó a las distintas Administraciones y
en los que insta a Fomento a, “dentro de sus competencias,
extremar la vigilancia exigiendo a las compañías el
mantenimiento de unos parámetros de calidad mínmos y
suficientes”.
El Defensor del Pueblo toma esta decisión a la vista de toda
la documentación en su poder, de la que concluye que dado
que desde las instituciones se comparte la opinión del CES
“de que la percepción que los ciudadanos tienen de la baja
calidad de alguno de los servicios marítimos” esta “podría
estar legitimada a pesar de la subjetividad implícita
siempre en este asunto”.
No obstante, Múgica reconoce que la institución que dirige
no ha apreciado en principio “irregularidad alguna ni
vulneración de la legalidad vigente” que le permita
“continuar con la presente investigación”. “Entendemos”,
señala en su escrito, “que las referidas Administraciones
[Gobierno de España y Ciudad Autónoma] han dado respuesta a
sus reiteradas y fundadas solicitudes de información y
explicaciones, causa fundamental por la que se inició la
tramitación de su escrito de queja, desprendiéndose del
fondo de los escritos que la seguridad marítima y la
frecuencia de las comunicaciones entre Ceuta y Algeciras, y
viceversa, estarían garantizadas y cubiertas”.
El documento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este
periódico, extrae la mayor parte de su contenido del informe
que le remitió la Delegación del Gobierno a raíz de la queja
del CES al Defensor. De la Ciudad Autónoma sólo se refiere
la existencia de un texto, firmado el 15 de mayo, en el que
se da cuenta “del sistema impositivo aplicable a la venta a
bordo de los buques que realizan la travesía”, mientras que
procedente del Ministerio de Fomento tan sólo se cita la
existencia en el expediente de “copia de los informes
elaborados por la Capitanía Marítima de Ceuta y por la
Entidad Pública Empresarial Puertos del Estado”, aunque no
se detalla su relevancia.
El precio “es caro”
La institución de la Plaza de los Reyes sí se moja, y así lo
transcribe Múgica Herzog, al menos en algunos de los pasajes
de su dictamen. Así, en lo referente a la carestía del
pasaje la Delegación indica que “en lo que se refiere a este
tema sí está justificada la queja del CES, ya que el coste
milla/hora es caro y, según mi apreciación personal, “junto
a la deficiente atención al pasajero y los deficientes
sistemas de información sobre modificaciones imprevistas,
etcétera, la principal causa de que la percepción del
usuario del servicio de transporte entre Ceuta y Algecira
sea tan negativa como es en la actualidad”.
Aunque no carga las tintas sobre determinados retrasos, que
entiende sólo serían evitables “aumentando el tiempo de
estancia de los buques en puerto” y disminuyendo el número
de viajes diarios, la Delegación tampoco evita criticar con
dureza bajo el epíteto de “publicidad engañosa” el que las
navieras publiciten trayectos de 35 minutos de duración
“cuando la realidad es que la navegación es, en el mejor de
los casos, de cincuenta y cinco minutos”.
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TRANSPORTE marítimo
