José María Campos, presidente de la Asociación de Usuarios
del Transporte Marítimo (Acutrans), señaló que “ya no cabe
duda de que hay un grave incumplimiento del contrato de
interés público de Acciona con el Estado”, pero que espera
que “ello no tenga que llevar a una rescinsión del
contrato”, lo que podría ser perjudicial para la ciudad
autónoma.
Así, para Campos, “Acciona debería retornar al Estado lo que
ha cobrado de más durante todo este tiempo, porque es
imposible encontrar a todos los viajeros que han sufrido ese
incremento de precio”, además de “una sanción a la compañía
en la que hay que tener en cuenta los antecedentes de este
tipo que ya tiene” y, por último, “una modificación del
contrato para establecer cautelas de que esto no vuelva a
suceder”.
El presidente de Acutrans quiere que la Dirección General de
Marina Mercante “investigue también si esto ha afectado
también a los residentes”, ya que recordó que el residente
paga el mismo precio que el no residente, pero con una
bonificación del cincuenta por ciento que paga el Estado.
“Habría que ver si en ese número de butacas que se ofertan
se habría perjudicado también a los residentes, que podrían
haber tenido billetes más baratos”, manifestó Campos, quien
espera que Marina Mercante “establezca a partir de ahora un
control sobre la línea marítima del estrecho para que los
precios sean justos, los acordados y se cree un verdadero
control por parte de las Capitanías Marítimas de esta parte
de España”.
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