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La Ciudad Autónoma trabaja con la
hipótesis de que la Administración General del Estado acabe
congelando los sueldos de los funcionarios durante los dos
próximos ejercicios, por lo que prevé que su Capítulo I de
gastos, los de personal, permanezca inamovible en las mismas
cifras de este año hasta 2012. Aznar adoptó en 1996 una
medida similar para reducir el déficit y cumplir los
criterios de Maastricht, pero Asturias, Euskadi y Navarra no
lo aceptaron y recogieron en sus presupuestos subidas para
sus empleados.
La ministra de Economía, Elena Salgado, no dudó ayer durante
una entrevista en La Sexta en advertir de que el salario de
los funcionarios “tendrá que adecuarse a la situación
económica”, aunque dijo que estos sueldos se negocian en una
mesa sindical y no es el Gobierno el que debe “anticipar el
resultado de esa negociación”. El secretario de Estado de
Economía, José Manuel Campa, lo dijo hace unos días: el
sueldo de los funcionarios “debería ser coherente y
adecuarse al techo de gasto del Estado, que se reducirá un
4,6% en el 2010”.
Sea como fuere, las proyecciones presupuestarias que baraja
Intervención para el próximo sexenio prevén que la
Administración General del Estado congele los sueldos de los
empleados públicos, lo que tendría una repercursión directa
sobre los trabajadores de la Administración local.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este
periódico la Ciudad Autónoma prevé que sus gastos en
concepto de personal no crezcan hasta 2012. Así, para los
dos próximos ejercicios se prevé que se mantengan en los
78,1 millones que se recogen en los Presupuestos Generales
de la Ciudad para 2009.
Entre 2011 y 2012 se prevé un aumento del Capítulo I
inferior al 1%.
“Es una previsión”, apuntaron ayer fuentes técnicas de la
Asamblea, “que se asienta en una posibilidad probable y
real, pero que si finalmente no se concretase tampoco
generaría ningún desajuste”.
Según las informaciones publicadas hasta la fecha en
distintos medios el Ministerio de Economía quiere limitar al
0,5% la subida salarial de los funcionarios para el 2010.
Con esta propuesta, que ya comunicada a los sindicatos de la
función pública, se intentaría evitar el desgaste electoral
que supondría la congelación salarial a los casi 2,7
millones de empleados públicos y, al mismo tiempo, contener
el aumento de gasto público.
Menos contrataciones
Esta propuesta es rechazada por los sindicatos, que
solicitan una subida del 2% más derivas y pluses de
productividad. En cualquier caso el planteamiento oficial
ministerial implicaría de facto de hecho una congelación
salarial y representaría pérdida de poder adquisitivo, ya
que está previsto que la inflación vuelva a repuntar hasta
el 1,6%.
La austeridad en la subida salarial irá acompañada a nivel
de la Administración General del Estado, tal como ya está
confirmado también, con el freno en la contratación pública,
ya que sólo se repondrá el 30% de las vacantes. Además, se
mantendrá la congelación salarial para los altos cargos.
La subida salarial de los funcionarios se debatirá en la
Mesa de la Función Pública, que se convocará en las próximas
semanas. Los sindicatos reclaman un aumento salarial del 2%,
al que suman mejoras y pluses por aumento de la
productividad. Esta plataforma está en línea con las
recomendaciones de la Confederación Europea de Sindicatos y
es acorde con el objetivo de subir los salarios para
expandir el consumo.
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A los funcionarios autonómicos la medida les podría afectar
en parte
Si el Gobierno central congela los
sueldos de los funcionarios esto afectaría a todo el
personal dependiente del Estado. A los funcionarios
autonómicos sólo les afecta en parte de sus retribuciones,
principalmente al sueldo base y a la antigüedad. Pero,
además, hay un complemento específico, que puede llegar a
representar un 40% del salario, y se negocia en el ámbito
autonómico. Según el Boletín Estadístico del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas en Ceuta trabajan
algo más de 8.000 funcionarios dependientes del Estado;
1.550 de la Administración autonómica; algo más de 400 de la
local y 58 de Universidades. En total, 10.063 trabajadores
adscritos al sector público. Del total de funcionarios de la
Administración General del Estado 758 trabajan para
instituciones sanitarias; 182, para la Administración de
Justicia; 166 están al servicio de los distintos entes
públicos.
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medidas ante la crisis
