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El responsable de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez Sanjuán,
destaca la adaptación del proyecto de la nueva prisión de
Ceuta a su entorno y el uso de materiales “poco
contaminantes”. El próximo mes de julio se prevé llevar a
cabo la adjudicación del movimiento de tierras, concurso al
que se han presentado más de 30 empresas. También confía en
poder adjudicar la construcción del centro en el plazo de
mes y medio o dos meses, de modo que pueda comenzar en 2010.
Entre tanto, se buscan acuerdos con los propietarios
afectados.
Pregunta.- El 7 de julio tienen previsto llevar a cabo la
adjudicación del movimiento de tierras, ¿cuántas empresas se
han presentado?
Respuesta.- No recuerdo exactamente, pero más de 30.
P.- ¿Están entonces todas las grandes empresas del
sector?, ¿hay ofertas a la baja respecto a los 13,4 millones
de euros con los que sale a licitación?
R.- Están todas, las grandes, las medianas, las intermedias,
UTEs... de todo tipo. Sí hay bajas..., la información se que
es pública..., y hay bajas importantes. Estamos en estos
momentos en la fase de valoraciones técnicas, nuestros
equipos de las mesas de contratación están analizándolas y
hablando con las distintas empresas porque siempre según la
Ley de contratos del Estado, cuando hay bajas lo
suficientemente importantes se les pide justificación a
todos los ofertantes.
P.- La obra salió en principio con un plazo de ejecución
de 7 meses, ¿piensan acortarlo?
R.- Se va a intentar acortar, no sabemos todavía cuánto,
porque el movimiento de tierras es un trabajo muy
complicado; más o menos vamos a mover 2 millones de metros
cúbicos de tierra o rocas y vamos a intentar terminarlo
cuanto antes porque nos gustaría empezar la construcción del
centro en los primeros meses de 2010. Eso significa que una
vez terminado definitivamente, ajustado el proyecto, que se
nos entregará en estos días, en el próximo mes y medio o dos
meses estaremos en condiciones de licitar la ejecución de lo
que es la obra de construcción.
P.- Según estableció el Ministerio de Medio Ambiente, las
tierras se van a trasladar al vertedero de inertes, pero ¿se
les podría dar algún otro uso en obras públicas?, ¿hay algún
acuerdo con la Ciudad en este sentido?
R.- Estamos en trato con otras instituciones de la ciudad
que están interesadas en poder disponer de materiales.
P.- ¿Podría darnos algún ejemplo?
R.- No me gustaría adelantarlo aún.
P.- De todas las medidas ambientales previstas ¿cuáles
destacaría?
R.- Todo lo que va a ser tratamiento de aguas, reposición de
los acuíferos del entorno, recuperación de masa vegetal y
paisajística, adaptación de nuestros propios materiales,
colores, etcétera, a lo que serían los colores dominantes...
Hemos modificado el proyecto porque así se nos había
sugerido, quitando la torre de vigilancia para que no rompa
estéticamente con el entorno ni con la torre de Mendizábal.
Vamos a utilizar técnicas constructivas con materiales poco
contaminantes, hormigón y áridos muy propios de la zona.
Vamos a hacer una integración absolutamente paisajística.
P.- Respecto a la ubicación, el presidente de la Ciudad
ha asegurado que existe un acuerdo con las empresas
afectadas, ¿el proyecto queda entonces como estaba planteado
desde el principio?
R.- El proyecto queda como está. Entre otras cosas,
conseguir para este proyecto algo tan importante como es la
exención de la declaración de impacto ambiental, es lo que
nos ha permitido digamos que agilizar todo, porque si no
podríamos entrar en un proceso más complicado, más largo,
que podría demorarlo en exceso. Eso estaba condicionado,
lógicamente, a unas ubicaciones, a unos tratamientos y a
unas características del proyecto, y lo que nosotros hemos
tenido es la exención de declaración de impacto ambiental a
ese proyecto, en esa zona y en ese movimiento, si cambiamos
las reglas de juego teníamos que empezar prácticamente de
cero y realmente nadie en su sano juicio, en términos
generales, quería que eso se produjera. Me alegro de que lo
haya dicho el presidente, con el que estamos en comunicación
casi diaria, y la verdad es que estamos teniendo una gran
colaboración y cooperación, yo hablo habitualmente con Juan
Vivas y efectivamente estamos sensibles básicamente a que
para el futuro de las empresas que se habían visto afectadas
por los terrenos, como eran Hidalgo, Hoarce y Makerel,
encontremos realmente una solución definitiva, satisfactoria
para las dos partes, que la vamos a encontrar.
P.- Otra medida que necesita de la coordinación entre las
dos administraciones y que el Consejo de Ministros ha
agilizado recientemente es la de las expropiaciones, ¿cómo
se está en estos momentos en este aspecto?
R.- Pues estamos siguiendo los pasos de tal forma que
queremos llegar a acuerdos precisamente con los expropiados.
El procedimiento expropiatorio es un mecanismo que abre una
posibilidad y un procedimiento. Habiendo declarado el
Consejo de Ministros la posibilidad de ocupación de los
terrenos, nos permite ocuparlos. Ahora bien, el ponernos de
acuerdo en relación a precios, alternativas etcétera lo
vamos a seguir haciendo, independientemente de que esté
puesto en marcha un mecanismo expropiatorio, que sólo se
materializaría en caso de que no hubiera acuerdo a través de
unos justiprecios que pagaríamos; pero nuestro objetivo
siempre es, dentro de lo posible, llegar a un acuerdo.
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proyecto del nuevo centro
penitenciario de ceuta
