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sociedad - LUNES, 18 DE MAYO DE 2009

 

anteproyecto de la ley de extranjeria

Las oenegés reprenden que se otorguen derechos fundamentales a los ciudadanos “dependiendo
de si tienen o no papeles”

CEUTA
Cristina Marzán

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Uno de los puntos más criticados del borrador de la futura Ley de Extranjería hace referencia a los derechos fundamentales y la situación de residencia legal en España de los extranjeros.

Dicho borrador manifiesta que “el anteproyecto de Ley tiene como destinatarios directos a los inmigrantes que residen legalmente en España” aunque también afecta a los extranjeros en situación irregular “garantizándoles el acceso a los derechos fundamentales que tienen todas las personas por el hecho de serlo, sin que ello sea obstáculo para ejercer la capacidad del Estado en la imposición de límites a la permanencia de los extranjeros cuando ésta no se sustenta en una residencia legal”.

En este último apartado reside la crítica de las oenegés y las entidades sociales que trabajan en defensa de los inmigrantes que consideran inaudito que “se otorguen derechos fundamentales a los ciudadanos dependiendo de si tienen, o no, papeles”, advierten desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Inmigración irregular

Otro de los puntos abordados desde las entidades sociales alude a la modificación del periodo de retención como instrumento preventivo. Según dicta el anteproyecto, “la Directiva para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal, establece plazos de internamiento máximos de dieciocho meses, que desde nuestro punto de vista han de verse como mejoras para algunos de los Estados de la UE que tenían plazos de internamiento indefinidos y que con la norma común estarán obligados a respetar.

En el caso español, con Directiva o sin ella, se ha demostrado que los plazos actuales de internamiento no son suficientes en determinadas ocasiones para acometer ciertas expulsiones y, por tanto, se plantea aumentar los mismos de manera muy medida, de 40 a 60 días”.

Las oenegés han considerado este apartado como una forma de criminalización: “Con esta directiva se criminaliza a los inmigrantes y se les castiga por un problema que es responsabilidad de los estados, incapaces de hacer un control de los flujos migratorios”, advierten desde CEAR.
 


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