Uno de los puntos más criticados del borrador de la futura
Ley de Extranjería hace referencia a los derechos
fundamentales y la situación de residencia legal en España
de los extranjeros.
Dicho borrador manifiesta que “el anteproyecto de Ley tiene
como destinatarios directos a los inmigrantes que residen
legalmente en España” aunque también afecta a los
extranjeros en situación irregular “garantizándoles el
acceso a los derechos fundamentales que tienen todas las
personas por el hecho de serlo, sin que ello sea obstáculo
para ejercer la capacidad del Estado en la imposición de
límites a la permanencia de los extranjeros cuando ésta no
se sustenta en una residencia legal”.
En este último apartado reside la crítica de las oenegés y
las entidades sociales que trabajan en defensa de los
inmigrantes que consideran inaudito que “se otorguen
derechos fundamentales a los ciudadanos dependiendo de si
tienen, o no, papeles”, advierten desde la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Inmigración irregular
Otro de los puntos abordados desde las entidades sociales
alude a la modificación del periodo de retención como
instrumento preventivo. Según dicta el anteproyecto, “la
Directiva para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación de estancia ilegal, establece plazos de
internamiento máximos de dieciocho meses, que desde nuestro
punto de vista han de verse como mejoras para algunos de los
Estados de la UE que tenían plazos de internamiento
indefinidos y que con la norma común estarán obligados a
respetar.
En el caso español, con Directiva o sin ella, se ha
demostrado que los plazos actuales de internamiento no son
suficientes en determinadas ocasiones para acometer ciertas
expulsiones y, por tanto, se plantea aumentar los mismos de
manera muy medida, de 40 a 60 días”.
Las oenegés han considerado este apartado como una forma de
criminalización: “Con esta directiva se criminaliza a los
inmigrantes y se les castiga por un problema que es
responsabilidad de los estados, incapaces de hacer un
control de los flujos migratorios”, advierten desde CEAR.
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