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Las entidades sociales y oenegés además del Poder Judicial
ya han lanzado sus primeras críticas sobre el anteproyecto
de la Ley de Extranjería; quejas que se centran, en su
mayoría, en los instrumentos preventivos para controlar a
las mafias que se aprovechan de la inmigración irregular y,
sobre todo, en las infracciones y sanciones, que preven
castigar con multa de entre 500 y 10.000 euros la promoción
de permanencia irregular de un extranjero en España. El
documento todavía deberá pasar por los grupos
parlamentarios.
El anteproyecto de la Ley de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España está suscitando diversas controversias
así como críticas de los diferentes órganos consultivos por
los que ha pasado hasta la fecha, encontrándose en trámites.
Polémicas que se centran, sobre todo, en las nuevas
infracciones y el incremento de las sanciones, medida que el
Gobierno ha adoptado para combatir a las mafias que se
aprovechan de la situación de necesidad de los “sin
papeles”.
El Gobierno, teniendo en cuenta la necesidad de preparar el
marco legislativo para gestionar una inmigración más
compleja que hace tan sólo cinco años, ha considerado
inaplazable la reforma de la Ley tanto por la adaptación de
los derechos de los extranjeros a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, como por la necesaria transposición
de diferentes Directivas europeas.
El anteproyecto de Ley tiene como destinatarios directos los
inmigrantes que residen legalmente en España, aunque “cabe
recordar que estarían excluidos los extranjeros que residen
en España con régimen comunitario. Estos no estarían sujetos
a la reforma por tener la misma libertad para entrar y
residir en España de la que gozamos los españoles en los
demás Estados de la Unión Europea”, reza el documento. La
Ley también afecta a los extranjeros en situación irregular,
garantizándoles el acceso a los derechos fundamentales que
tienen todas las personas por el hecho de serlo, y sin que
ello sea obstáculo para ejercer la capacidad del Estado en
la imposición de límites a la permanencia de los extranjeros
cuando ésta no se sustenta en una residencia legal.
El artículo 53 del anteproyecto de la Ley de Extranjería es
el que considerará una infracción grave, con multa de entre
500 y 10.0000 euros, la promoción de la “permanencia
irregular en España de un extranjero”. Punto que ha sido eje
de debate entre oenegés, entidades sociales, Poder Judicial
y Consejo de la Abogacía Española ya que consideran a
sanción como un modo de “criminalizar un acto hospitalario”.
Y es que el texto entiende que se fomenta la permanencia
irregular cuando el extranjero depende económicamente del
infractor y se prolonga la estancia autorizada más allá del
plazo legalmente previsto.
Reagrupación familiar
La modificación de este punto de la Ley de Extranjería ha
sido criticada por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) en cuanto que la ley “vuelve a considerar
al inmigrante como una amenaza. Se transmite la idea de que
la rreagrupación es una forma de coladero y es falso”,
advierten.
La reforma de este apartado entiende que “la reagrupación se
verá ampliada haciendo posible la de la persona con análoga
relación de afectividad en las mismas condiciones que el
cónyuge. En cambio, la reagrupación de los ascendientes debe
tener en cuenta la sostenibilidad de una política migratoria
donde la capacidad de acogida no es ilimitada y donde la
prioridad es la familia nuclear. Por tanto, sólo se propone
que su solicitud se realice cuando el reagrupante alcance la
residencia de larga duración y el reagrupado esté a su
cargo, tenga más de 65 años y existan razones que
justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en
España”.
El borrador de la Ley de Extranjería, sin embargo, sigue
siendo un anteproyecto susceptible de modificaciones,
teniendo aún que pasar por los diferentes grupos
parlamentarios.
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Política migratoria sostenible, integral e integradora
El Gobierno considera que esta
reforma de la ley es necesaria para desarrollar la política
migratoria sostenible, integral e integradora de España de
los próximos años y que tiene como objetivos: garantizar los
derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas
por el hecho de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, construir el acceso escalonado a otros
derechos a partir de la residencia legal, y que se verán
paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de
larga duración; perfeccionar el sistema de inmigración legal
y ordenada basada a las necesidades reales del mercado de
trabajo; favorecer las oportunidades de integración de los
inmigrantes dotando de medios suficientes a las
Administraciones encargadas de desarrollar las políticas, y
aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración
irregular, previniendo las llegadas de inmigración
clandestina y agilizando las repatriaciones.
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anteproyecto de la ley de extranjeria
