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El anteproyecto de la Ley de Extranjería tiene prevista la
sanción económica, en diferentes grados, para aquellas
personas o colectivos que fomenten la permanencia irregular
en España de un extranjero.
Según reza dicho documento, “se propone un aumento de las
sanciones económicas para todas las infracciones; las leves
tendrán un máximo de 500 euros, las graves, un máximo de
10.000, y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000
euros”. Y todo ello para evitar el “sobreempadronamiento” de
viviendas o el tráfico entre particulares de falsos
empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios
reales o futuros que puede otorgarles el sistema. Además de
dar una respuesta sancionadora al matrimonio celebrado en
fraude de ley y evitar la reagrupación al margen de los
cauces legalmente previstos, explica el borrador.
Ante ello, tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
denuncian el “exceso sancionador” y el llevar “una actividad
puramente solidaria a la criminalización”. Por eso proponen
˝mitigar” la aplicación de las sanciones en relación a
“estos actos de hospitalidad realizados con carácter
solidario y sin ánimo de lucro”, advierten desde el Consejo
General del Poder Judicial.
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anteproyecto de la ley de extranjeria
