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Unos 555 ceutíes han percibido, desde 2007, alguna
prestación económica o servicio procedente de la Ley de
Dependencia. En varias Comunidades Autónomas se pueden
llegar a resolver las solicitudes en un periodo de entre
ocho y quince meses, según las estadísticas nacionales. Sin
embargo, en la ciudad autónoma se resuelven en un plazo de
tres meses, tal y como constató el director del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Fernando Jimeno. La
incompatibilidad económica con los servicios ofrecidos por
la Ley de Dependencia es un tema que debate el movimiento
asociacionista de la ciudad.
Desde su entrada en vigor en 2007 y con carácter gradual en
su implantación, la Ley de la Dependencia, ha llegado a 555
personas en la ciudad autónoma a 31 de marzo de 2009.
Un número que crece por meses no sólo por las personas que
solicitan alguna de sus prestaciones sino por la rapidez con
la que actúa el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
en la resolución de los expedientes. “Tenemos tres meses
para resolver la solicitud de baremación y si transcurren
esos meses, el silencio es estimatorio. Es un dato
fundamental y la clave, ya que en otras Comunidades
Autónomas han llegado a tardar entre ocho y quince meses”,
constató Fernando Jimeno, director del IMSERSO.
De los 555 ceutíes que han percibido alguna prestación de
dicha Ley -algunos ya fallecidos, y en activo, actualmente
unos 500-, 479 han recibido la prestación económica, 74 el
servicio de ayuda a domicilio, 7 han sido las personas que
han ingresado en residencias, 69 han escogido el servicio de
teleasistencia y 2 han preferido el Centro de Día. Pero,
desde que comenzó su andadura, “se han presentado en torno a
1.000 solicitudes de las cuales, no todas están valoradas
con dependencia; y no todas las valoradas con dependencia
tienen todavía vigencia en la prestación, porque la Ley
entra progresivamente”, explicó el director del IMSERSO.
Cabe recordar que hasta la fecha, la Ley contempla dos
grados de dependencia: grandes dependientes y dependientes
severos. “El tercer grado, dependientes moderados, culminará
en 2014-2015”, añadió Jimeno.
Lo cierto es que en el 90% de los casos los ceutíes
prefieren la ayuda económica, mayores o menores cantidades
que dependen del grado de pendencia registrada aunque en
suma se encuentran entre los 300 y 500 euros. Sin olvidar el
convenio especial para aquellos casos que aluden al cuidador
no profesional, que en Ceuta llegan a la cifra de 322
personas. “Es una doble protección; por un lado el
dependiente, que es el titular de la prestación económica y
no la familia. Y por otro lado, el apoyo a la figura del
cuidador no profesional a través de un convenio en el que se
acuerda con la Seguridad Social su cotización, y puede
beneficiarse de prestaciones de jubilación, muerte y
supervivencia”, aclaró el representante del IMSERSO. Este
convenio especial se rige por dos parámetros: no recibir
prestaciones económicas de jubilación o invalidez y personas
desempleadas.
Implantación con respecto al resto de España
En enero del presente año, 200 directores y gerentes de
servicios sociales de toda España valoraron el desarrollo de
la Ley de Dependencia y analizaron el servicio de ayuda a
domicilio de los servicios sociales. Dicho informe, emitido
por el Observatorio de la Dependencia, refleja que en
puntuaciones sobre diez, Ceuta y Melilla se encuentran en el
aprobado, junto a otras Comunidades Autónomas como Asturias,
Cantabria o Galicia.
“En la estadística oficial, que es la se hace de manera
comparativa, nosotros estamos resolviendo dentro de los tres
primeros meses lo que constituye el primer aval. Cualquier
otra conclusión de un grupo de profesionales que se dedican
al estudio, pues pueden tener su opinión”, manifestó
Fernando Jimeno. Además, “la primera nómina de dependencia
la pagamos nosotros, en toda España, en septiembre de 2007;
y a seis personas además”, añadió. Desde el uno de enero del
presente año hasta el 31 de marzo, la prestación económica
de la Ley de Dependencia en la ciudad autónoma ha alcanzado
los 487.111 euros, correspondientes a 444 beneficiarios.
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Implantación de la ley de
dependencia
