|
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido sufragar por la vía
del pago aplazado la construcción del campus universitario
en el antiguo cuartel del ‘54’ y de tres grandes actuaciones
urbanísticas en Terrones, el Polígono Virgen de África y San
José-Hadu por tres razones fundamentales: una, Vivas y
Márquez dixit, porque “es legal”; dos, porque permite
adelantar inversión pública en un momento difícil para la
economía (y así, generar actividad económica productiva que
repercuta positivamente vía impuestos en la Asamblea y
empleo) sin endeudarse más de lo que ya obligará a hacerlo
el pago (10 millones de euros) de las obras de emergencia
forzadas por el temporal; y tres, porque la Consejería de
Hacienda está convencida de que así las obras le saldrán más
baratas que por el método tradicional de pedir recursos a un
banco como cualquier particular que quiere algo que no puede
pagar a tocateja.
El primer punto no admite duda. El segundo, visto que
incluso el Estado ha recurrido a este procedimiento para
2009 con el mismo propósito a pesar de que Solbes ha puesto
en cuestión más de una vez sus virtudes, aparentemente
tampoco. Otras comunidades como Extremadura, en manos del
PSOE, también han planteado pagar ‘a la alemana’ la
construcción de centros educativos y sociales para sortear
la crisis inmobiliaria y la “escasez” de liquidez.
Sobre el tercero sí existe debate alrededor de sus virtudes
y defectos. Mediante el mecanismo tradicional de
contratación de obra, el coste de estos proyectos computa
como gasto público, y por tanto engrosa el déficit, ya que
las obras se pagan conforme se van ejecutando (y se dispone
de liquidez). El pago aplazado pasa simplemente por diferir
los pagos, con las ventajas e inconvenientes que eso
conlleva. Según los especialistas consultados, lo mejor es
que permite repartir el impacto económico de proyectos muy
costosos, pero, por el contrario, obliga a presupuestar esos
ejercicios futuros teniendo en cuenta los compromisos de
pago contraídos, igual que quien suscribe un crédito, que
corre el riesgo de ahogarse si fallan sus planes de
ingresos.
El plan expuesto ayer por Márquez pasa por empezar a abonar
las obras que se liciten al inicio del ejercicio
presupuestario siguiente al de conclusión de las mismas y
durante cuatro años a las empresas adjudicatarias de los
proyectos, que actuarían como ‘pseudo-bancos’ de la
operación.
En Hacienda están convencidos de que serán las propias
constructoras las más interesadas en ofrecer el tipo de
interés más bajo posible, con las ventajas que les da su
privilegiada posición ante las entidades crediticias, con lo
que al final el coste extra será menor para la
Administración, que espera encontrar un mejor escenario
económico a partir de 2012 para hacer frente a estas
obligaciones y que, en todo caso, pone los ingresos del
Fondo de Compensación Interterritorial (10,3 millones este
año; 10,4 para 2009 según el borrador de Presupuestos
Generales del Estado presentado, cantidad que aún se espera
incrementar) como garantía de pago.
Pero no todo el mundo hace estas previsiones. Hace dos años,
cuando ya habían vencido las restricciones europeas que
obligaban a velar noche y día por el déficit para entrar en
la UE, el Tribunal de Cuentas (TC) emitió un informe en el
que recomendaba al sector público “replantearse” sus razones
para recurrir al pago aplazado.
“Caso por caso” y con cuidado
En su dictamen, el Tribunal sugería decidir “caso por caso”,
con una atención muy especial a la subcontratación, y tras
“los correspondientes estudios de carácter técnico,
económico y financiero” este tipo de adjudicaciones por el
“sobrecoste” que apreciaba en las últimas operaciones de
este tipo realizadas por la Administración General del
Estado por el diferencial ofertado por los adjudicatarios
sobre el tipo de interés de referencia para que su obra no
perdiese valor con el tiempo.
Según los cálculos del Tribunal de Cuentas en las obras
concedidas entre 1997 y 2002 por los gobiernos de Aznar ‘a
la alemana’ ese desfase llegaba al 5%, con lo que las obras
se habría encarecido de media un 31% (al final, un 13%,
puesto que en el ‘método alemán’ el pago del IVA regresa a
la arcas estatales y la colocación de la deuda tiene también
sus gastos).
La Ciudad Autónoma de Ceuta no ha recurrido nunca hasta
ahora a este método de contratación, que también se planteó
(por un importe muy similar) para sufragar el macroproyecto
de soterramiento del entorno del Mercado Central de Abastos.
Ahora, según explicó ayer Márquez, este procedimiento
servirá al Ejecutivo de Vivas para completar la “avalancha”
de proyectos que el Gobierno prevé culminar antes del final
de esta legislatura en favor de la “transformación urbana”
de Ceuta, serie en la que el consejero citó ayer las
peatonalizaciones de parte del centro urbano, la gran
actuación que se prevé en el Brull y en la Manzana y sus
calles anexas, el Plan Especial del Príncipe Alfonso o la
todavía no concretada en Patio Hachuel-Víctori Goñalons.
|
el gobierno ceutí activa su plan de
inversiones
