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Como la legalidad del pago aplazado, previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público, está fuera de duda, el recurso
a la misma sólo puede ser cuestionado en términos políticos
y económicos. Desde el primer punto de vista, la oposición
mostró ayer sus reticencias al proyecto expuesto por
Francisco Márquez al entender que ni estamos en la coyuntura
más propicia para plantearse la asunción de una deuda de
este montante (más de 50 millones de euros), algo que según
Ali “si no se analizado a fondo el riesgo que se asume puede
acelerar el crack de la Hacienda ceutí” ni es leal en
términos políticos al descargar sobre el próximo gobierno de
la Ciudad el abono de la misma, como señaló la portavoz
socialista en la Asamblea, Inmaculada Ramírez. Ambos
coincidieron en criticar la “falta de información” sobre
esta operación de que dispone la oposición y demandaron al
Gobierno más “seriedad política y económica” antes de
concretarla.
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el gobierno ceutí activa su plan de
inversiones
