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A las más de 70 cuestiones que presentaron los dos diputados
del Partido Popular [los de Ceuta y Melilla], se han unido
36 preguntas más referidas a nuevos asuntos relacionados con
el Plan de Transición de las Fuerzas Armadas y su posible
afección en las ciudades autónomas, con dudas en la
benevolencia de la medida.
Se encuentra en fase de implantación nacional la aplicación
del Decreto de Organización de la Fuerta Terrestre, algo que
sigue incitando las dudas en función de las nuevas preguntas
que se han sumado a las ya planteadas por los dos diputados
del PP en el Congreso que representan respectivamente a
Ceuta y Melilla.
La agencia de noticias Europa Press ha tenido acceso a las
nuevas 36 formulaciones realizadas por el parlamentario
melillense, Antonio Guutiérrez. Las cuestiones, que han
tenido entrada en el Registro General del Congreso de los
Diputados el 9 de mayo, se suman a las presentadas a
mediados del pasado mes de abril por este mismo diputado y
su compañero de partido en Ceuta, el parlamentario Francisco
Antonio González Pérez, con las que ambos buscan que el
Gobierno informe sobre el número total de efectivos de
Tierra destinados en las ciudades autónomas desde 2004 hasta
la actualidad y el personal militar en servicio hoy por hoy
en unidades de Infantería como la Legión y los Regulares, en
Artillería de Campaña, en Caballería y en unidades de
Logística, entre otras.
La iniciativa parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso
se produjo días después de que los presidentes de Ceuta y de
Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, se quejaran
públicamente y remitieran sendas cartas al Ministerio de
Defensa por estimar que el Ejército de Tierra reducirá sus
efectivos en ambas ciudades autónomas en aplicación del Plan
de Organización de la Fuerza, aprobado por el Ejecutivo en
el último Consejo de Ministros con José Bono como
responsable de Defensa.
Tanto José Antonio Alonso, ya en su etapa final como
ministro de Defensa, como Carme Chacón, en los primeros días
en la sede del madrileño Paseo de la Castellana, aseguraron
a Vivas e Imbroda a través de respectivos escritos de
respuesta que la reorganización del Ejército de Tierra no
supone una reducción de los efectivos destinados en sus
plazas y que el contingente militar se verá incrementado.
Sin embargo, los gobiernos autónomos continúan con serias
dudas porque “no es lo mismo que se amplie el número de
soldados (1.000 euros/mes) y sin familias) para compensar la
salida de 300 mandos (3.000 euros/mes y familia)”,
cuestionan fuentes del Gobierno.
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reducción de militares
