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El 21 de noviembre de 2002, Antonio Ruiz, un ciudadano
anónimo hasta ese día, presentó ante la Delegación del
Ministerio de Justicia en Valencia una demanda de
indemnización por la aplicación de la Ley de Peligrosidad
Social, heredada de la etapa franquista, que en su día
supuso pena de cárcel y destierro para 4.000 homosexuales
residentes “en una España oscura” y conservadora, “por el
simple hecho de sentirse atraídos por personas de su mismo
sexo”. El presidente de la Coordinadora de Asociaciones de
Lesbianas, Gays, Homosexuales y Transexuales ‘Girasol’,
Javier García, expresó que los comienzos de estos colectivos
tuvo lugar en laTransición, pidiendo la derogación de esta
ley para que “conseguir la igualdad entre homosexuales y
heterosexuales”, una igualdad que “finalmente en 2006 con la
Ley de matrimonios entre personas del mismo sexo”.
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sexualidad
