“El sistema administrativo y burocrático existente para que
una empresa de Ceuta pueda beneficiarse del régimen
arancelario es manifiestamente mejorable”, dice Aranda. Algo
que ha motivado que los inversores hayan quedado desanimados
“ante los enormes obstáculos”. Por eso el catedrático indica
que es necesaria “una acción política decidida” dado que
entre otras cuestiones, tras la implantación en Ceuta de
algunas empresas, “se han producido decisiones en contra de
la declaración de origen Ceuta de las mercancías elaboradas
en la ciudad”, señala el informe.
En este sentido, el catedrático afirma que “no se puede
menos que señalar la importante incertidumbre que se genera
en cualquier actividad industrial que se instale en Ceuta y
que pudiera acogerse a la transformación suficiente de
materias primas importadas desde territorio comunitario y
sujetas a la restitución a la exportación. Si a ello se
añaden los acuerdos existentes que vinculan su desaparición
en 2013, no cabe duda que la búsqueda de nichos de
oportunidad para la aplicación de las reglas de origen en
Ceuta ha de orientarse hacia otros caminos. Las
exportaciones que Ceuta realiza hacia la UE muestran estos
hechos así como el impacto que en ellas tienen los sucesivos
acuerdos preferenciales que se han venido firmando con
terceros países”, concluye.
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