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Han sido tantos los años que los no residentes se han
beneficiado sin merecerlo de las bonificaciones al
transporte marítimo del Gobierno que era de esperar que la
intensificación de los controles del billetaje en la
Estación Marítima despertase la ira de más de un pasajero
acostumbrado a ahorrarse unos euros en sus desplazamientos a
la península. Delegación y navieras pactaron esta semana un
protocolo de actuación para evitar amenazas y similares a
los empleados de estas últimas encargados de entregar las
tarjetas de embarque, pero ayer UGT abogó, a través de un
comunicado de prensa, por superar ese documento y que sean
los Ministerios de Hacienda y Fomento quienes, “de acuerdo
con lo indicado en el Real Decreto 1316/2001” sobre el
control de las bonificaciones públicas al transporte de
residentes, se impliquen en este asunto.
“Las medidas adoptadas como las campañas de sensibilización
en los medios o de notificación en las agencias nos parecen
positivas, pero no suficientes”, precisó UGT, quien valoró
el protocolo adoptado por la Delegación y las navieras como
un texto “minimizador e incompleto porque no se aborda el
problema de fondo”.
La Federación de Transporte, Comunicación y Mar del
sindicato destacó que los trabajadores de las cuatro
navieras llevan sufriendo “amenazas, insultos, coacciones y
agresiones” desde hace tiempo y que la Administración no
está cumpliendo su obligación de “velar por la seguridad e
higiene en el trabajo” en estos casos.
“La Delegación no debe minimizar el problema proponiendo
seguridad privada o a la Policía Portuaria, no competente en
este asunto, porque a lo que nos enfrentamos es al intento
por parte de los pasajeros infractores de la consecución de
un fraude a la Hacienda pública; a la usurpación de
identidad de otras personas o a la falsificación de
documentos públicos (DNI, TIM, pasaportes, títulos de
familia numerosa...)”, quiso dejar claro la central,
“delitos todos ellos contemplados en el Código Penal y que
se están pasando por alto”.
“No queremos a un policía que ponga paz, sino que la Guardia
Civil o Marina Mercante investigue y persiga el fraude; que
sancionen de oficio y que el pasajero no se valla de rositas
y a la media hora lo intente de nuevo con otra compañía,
porque de la manera que proponen todo el peso del tema recae
en el empleado de la compañía, que está haciendo una labor
de controlador ahorrando ingentes cantidades a la
Administración”, pidió UGT.
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seguridad /
dos incidentes sin trascendencia
