Fuentes de la constructora Punta Almina explicaron que como
dueños del edificio se hicieron con la autoridad del
inmueble tras la adquisición y requirieron a los inquilinos
los contratos de arrendamiento, “los que legalmente lo
pudieron acreditar fueron correctamente reinstalados, el
resto está desahuciado en los juzgados y tendrá que probar
su legalidad en el inmueble por vía judicial”.
Y añadieron, “la ley sólo recoge la prórroga de dos veces de
los contratos de renta antigua, después se procede al
desahucio.
La empresa ha contratado a un equipo de arquitectos para
elaborar un informe de patologías. “Este habla de un
deterioro del edificio de más del 50 por ciento, lo que
significa “ruina inminente”, concluyeron.
|