Las únicas listas que no serán publicadas, a falta de
confirmarse oficialmente por parte de la Delegación del
Gobierno, serán los cupos de asignación directa, que afectan
al 17 por ciento de los 917 trabajadores seleccionados.
Estos cupos se componen de un 8 por ciento (hasta 73
trabajadores) para discapacitados, un 5 por ciento (46
trabajadores) para mujeres víctimas de la violencia de
género, el 2 po ciento (18 trabajadores) para pacientes
drogodependientes en fase de rehabilitación y otro 2 por
ciento (18) para internos del centro penitenciario en tercer
grado.
Tanto los trabajadores del cupo general como los del
restringido serán sujetos a una vigilancia lógica por parte
de los jefes de cada área. Tanto los responsables de la UPD
asignados a cada uno de los 18 programas, se suman uno o
varios jefes de grupo que deberán controlar las faltas de
asistencia y el normal rendimiento en los trabajos. El año
pasado, hasta 18 personas fueron despedidas y expedientadas
por faltas de asistencia.
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