El final de la reforma estatutaria de Ceuta se vislumbra a
lo lejos como algo factible, real y palpable a corto plazo.
La coyuntura de la Comisión no presagiaba este desenlace
hace unos meses, con dos partidos fuera de la mesa
negociadora, -UDCE y PDSC- y otros dos -PP y PSOE- con todo
un trabajo de meses acumulado por delante y con el
compromiso de cumplir con la promesa que ha llenado sus
discursos políticos: Ceuta tendrá un Estatuto que elevará su
rango a comunidad autónoma.
Pero, a falta de un 15 por ciento de documento por elaborar,
el Estatuto toma forma y se acerca a las posturas de
consenso y unanimidad, condiciones que todos los
representantes políticos de la Asamblea votaron como pilares
del proceso de reforma en una sesión plenaria.
A por la reforma
Una muestra de lo anterior es la inclusión, en el borrador
acordado por Partido Popular y Partido Socialista, de
algunas de las propuestas enunciadas por Unión Demócrata
Ceutí en su proyecto estatutario. Concretamente la creación
de la figura del Defensor del Pueblo de Ceuta y la defensa
explícita de la lengua árabe cobrarán importancia en el
borrador. Dos medidas que para UDCE resultan básicas antes
de dar el sí al futuro texto, según manifestaba
recientemente el presidente de la formación Mohamed Ali.
Además, el proceso se abre una vez presentado el documento y
los partidos que estén disconformes con el resultado podrán
alegar aquellos puntos en los que discrepen.
Y una vez concluido el período de alegaciones, el texto
definitivo, si no hay mayores contratiempos, viajará a
Madrid donde las Cortes tendrán la última palabra. Si se da
luz verde a la reforma del Estatuto, Ceuta alcanzaría el
rango de comunidad autónoma, una de las espinas de los
sucesivos Gobiernos de la Ciudad.
Así lo expuso la responsable popular en la Comisión de
reforma, Kissy Chandiramani, también vicepresidenta primera
de la Asamblea local. Chandiramani aboga por el cumplimiento
de la disposición transitoria Quinta, la cláusula que recoge
la Constitución para que la Asamblea de Ceuta abra el
proceso de reforma. “Y que lleguemos a denominarnos como
comunidad autónoma”, añade la representante del Partido
Popular. Aun así, Chandiramani considera que el trabajo que
otorga a la ciudad la posición institucional actual es
amplia.
“El presidente acude al debate del Estado de las Autonomías,
los consejeros van a las conferencias sectoriales de los
distintos ministerios”, señala, “aunque alcanzar ese rango
es nuestro deseo”.
Peticiones al MAP
En este punto cobran relevancia las peticiones que tanto
Ceuta como Melilla han presentado a instancias del
Ministerio de Administraciones Públicas. Chandiramani
explica que la consecución de áreas de gestión exclusivas
“lleva aparejado el tener competencias legislativas”. Las
propuestas de Juan Vivas, dirigidas al titular de la cartera
Jordi Sevilla, se incluirán en el Estatuto como competencias
exclusivas (Urbanismo) o compartidas (financiación de los
servicios, Imserso y Políticas activas de empleo).
“Yo espero que para antes de 2007 esté en trámites el
Estatuto, aunque es un deseo más que algo constatable”,
expone la vicepresidenta de la Asamblea No es posible un sí
categórico.
“No tenemos todavía claro si todas las propuestas incluidas
en el Estatuto ceutí van a ser aceptadas”, añade
Chandiramani, “pero lo que está claro es que antes de pasar
por el Congreso de los Diputados tiene que pasar por la
Comisión Constitucional”. Ese será el momento en el que los
tres partidos nacionales “deberán ponerse de acuerdo”,
explica la vocal popular en la Comisión de Reforma.
A pesar de que faltan todavía varios procesos de
tramitación, el 85 por ciento del borrador del futuro
Estatuto está consensuado por los dos partidos nacionales de
la Ciudad Autónoma. Sólo falta que ese texto pase a manos de
UDCE y PDSC para que valoren las conclusiones y den o no luz
verde al documento.
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