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ACTUALIDAD - DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2006


Vivas (I) y Ali (d). REDUAN

reportaje / estatuto
 

El borrador incluirá iniciativas
de UDCE y buscará el consenso

PP y PSOE superan la elaboración de
85% del documento final. Las peticiones
de Ceuta al MAP se incluirán como
competencias exclusivas o compartidas
 

CEUTA
Mada M. / David F. Pacual
madamartinez@elpueblodeceuta.com

El final de la reforma estatutaria de Ceuta se vislumbra a lo lejos como algo factible, real y palpable a corto plazo. La coyuntura de la Comisión no presagiaba este desenlace hace unos meses, con dos partidos fuera de la mesa negociadora, -UDCE y PDSC- y otros dos -PP y PSOE- con todo un trabajo de meses acumulado por delante y con el compromiso de cumplir con la promesa que ha llenado sus discursos políticos: Ceuta tendrá un Estatuto que elevará su rango a comunidad autónoma.

Pero, a falta de un 15 por ciento de documento por elaborar, el Estatuto toma forma y se acerca a las posturas de consenso y unanimidad, condiciones que todos los representantes políticos de la Asamblea votaron como pilares del proceso de reforma en una sesión plenaria.

A por la reforma


Una muestra de lo anterior es la inclusión, en el borrador acordado por Partido Popular y Partido Socialista, de algunas de las propuestas enunciadas por Unión Demócrata Ceutí en su proyecto estatutario. Concretamente la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Ceuta y la defensa explícita de la lengua árabe cobrarán importancia en el borrador. Dos medidas que para UDCE resultan básicas antes de dar el sí al futuro texto, según manifestaba recientemente el presidente de la formación Mohamed Ali. Además, el proceso se abre una vez presentado el documento y los partidos que estén disconformes con el resultado podrán alegar aquellos puntos en los que discrepen.

Y una vez concluido el período de alegaciones, el texto definitivo, si no hay mayores contratiempos, viajará a Madrid donde las Cortes tendrán la última palabra. Si se da luz verde a la reforma del Estatuto, Ceuta alcanzaría el rango de comunidad autónoma, una de las espinas de los sucesivos Gobiernos de la Ciudad.

Así lo expuso la responsable popular en la Comisión de reforma, Kissy Chandiramani, también vicepresidenta primera de la Asamblea local. Chandiramani aboga por el cumplimiento de la disposición transitoria Quinta, la cláusula que recoge la Constitución para que la Asamblea de Ceuta abra el proceso de reforma. “Y que lleguemos a denominarnos como comunidad autónoma”, añade la representante del Partido Popular. Aun así, Chandiramani considera que el trabajo que otorga a la ciudad la posición institucional actual es amplia.

“El presidente acude al debate del Estado de las Autonomías, los consejeros van a las conferencias sectoriales de los distintos ministerios”, señala, “aunque alcanzar ese rango es nuestro deseo”.

Peticiones al MAP


En este punto cobran relevancia las peticiones que tanto Ceuta como Melilla han presentado a instancias del Ministerio de Administraciones Públicas. Chandiramani explica que la consecución de áreas de gestión exclusivas “lleva aparejado el tener competencias legislativas”. Las propuestas de Juan Vivas, dirigidas al titular de la cartera Jordi Sevilla, se incluirán en el Estatuto como competencias exclusivas (Urbanismo) o compartidas (financiación de los servicios, Imserso y Políticas activas de empleo).

“Yo espero que para antes de 2007 esté en trámites el Estatuto, aunque es un deseo más que algo constatable”, expone la vicepresidenta de la Asamblea No es posible un sí categórico.

“No tenemos todavía claro si todas las propuestas incluidas en el Estatuto ceutí van a ser aceptadas”, añade Chandiramani, “pero lo que está claro es que antes de pasar por el Congreso de los Diputados tiene que pasar por la Comisión Constitucional”. Ese será el momento en el que los tres partidos nacionales “deberán ponerse de acuerdo”, explica la vocal popular en la Comisión de Reforma.

A pesar de que faltan todavía varios procesos de tramitación, el 85 por ciento del borrador del futuro Estatuto está consensuado por los dos partidos nacionales de la Ciudad Autónoma. Sólo falta que ese texto pase a manos de UDCE y PDSC para que valoren las conclusiones y den o no luz verde al documento.
 


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