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La Unión General de Trabajadores ha trasladado a la Ciudad
Autónoma, a la Confederación de Empresarios de Ceuta y a la
Cámara de Comercio una iniciativa “para su consideración,
análisis y evaluación”, que tiene como finalidad abrir una
línea de aportaciones que lleven a la solución de uno de los
principales problemas económicos de la ciudad, el coste del
transporte de mercancías.
La UGT propone un acuerdo entre las organizaciones
empresariales y la Ciudad Autónoma para aplicar un “coste
cero” a todos los transportes de mercancías, un acuerdo que
según la organización sindical repercutiría en diversas
cuestiones.
Por un lado provocaría el aumento de la recaudación del IPSI,
“para que el impuesto local quede en un cara a cara con el
IVA, traduciéndose en una ventaja automática para este”.
Se conseguiría una considerable reducción en de los tiempos
de recepción de mercancías, “con la consiguiente mejora en
la calidad de vida de los ciudadanos”.
UGT asegura que esta medida se haría “notoria” en la
economía de la ciudad traduciéndose en un incremento de la
demanda interna y del consumo y la inversión. “Esto
favorecería las exportaciones, mejorarían la competitividad
de las empresas y reforzaría la estructura productiva, lo
que genera mayores niveles de riqueza y de empleo”, asegura
el sindicato a través de un comunicado, que además prevé un
importante aumento de las rentas en los 74.000 habitantes de
Ceuta.
Autofinanciación
Respecto al método de consecución de la propuesta, UGT
advierte que al principio sería necesariala financiación del
Estado pero con el tiempo “acabaría autofinanciándose”,
siendo su aplicación mucho más efectiva que otras fórmulas
subvencionadas que se aplican en la ciudad, “sobre todo por
su incuestionable alcance”. El sindicato UGT apunta que debe
tenerse en cuenta que el coste del transporte marítimo de
mercancías supone anualmente unos ocho millones de euros al
año.
Comisión de Control
Por último, el sindicato establece una serie de mecanismos
de control. UGT explica que la medida requiere una Comisión
de Control y Evaluación que estaría integrada en la Oficina
de Consumo, con la intervención de la Ciudad Autónoma y los
agentes sociales, “para analizar y dictaminar acerca de los
problemas que pueden surgir”, concluyen desde el sindicato.
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