|
Las cosas han cambiado mucho,
muchísimo, desde los años del GIL, aunque el maremoto
marbellí haga temblar a cualquiera y haya vuelto a sembrar
la duda sobre la conveniencia de dejar sueltas las
competencias urbanísticas, un foco de corrupción endémica.
Pero, quizá haya problemas que sea necesario solucionar con
valentía, desempolvando la devolución de las políticas
urbanísticas.
El permanente ascenso del precio de la vivienda, la escasez
de suelo, la falta de espacio de uso industrial... problemas
que exigen una solución urgente que sólo es posible hallar
mediante el uso, responsable y legal, claro, de las
políticas de urbanismo, competencias en manos de
ayuntamientos y retiradas a las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla por obra y gracia de la desastrosa (y delictiva)
gestión del GIL. Ceuta y Melilla aspiran a tener los mismos
derechos y deberes que el resto de las comunidades autónomas
y recuperar unas competencias que son la principal fuente de
ingresos para las arcas públicas de cualquier municipio, una
fuente de ingresos de la que carece Ceuta que sólo puede
recaudar a través del IPSI, un impuesto que depende en
exclusiva del comercio, un sector en caída libre desde la
liberalización de mercados tras el ingreso en la Unión
Europea.
Pero no sólo hablamos de dinero. También se trata del futuro
de Ceuta, de su reordenación y reorganización de la trama
urbana, un proyecto que debe acometer la renovación de la
Ciudad Autónoma desde la raíz para construir una Ceuta
moderna que deje de vivir de espaldas al mar y cubra las
carencias de suelo y de viviendas protegidas.
La recuperación de las competencias en materia de urbanismo
y el proyecto para unificar los trece cuarteles militares en
uno solo son la gran oportunidad de futuro que estaba
esperando la Ciudad Autónoma para renacer de nuevo.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
