José Luis Morales ha respondido duramente a las
manifestaciones de UDCE sobre las supuestas irregularidades
cometidas por la Consejería de Presidencia en la denegación
del empadronamiento a extranjeros, en concreto a ciudadanos
marroquíes. Morales negó cualquier tipo de ilegalidad en el
proceso, reiteró el derecho que asiste al Gobierno para
recurrir todos los casos y acusó a la formación que lidera
Mohamed Ali de querer “marroquinizar” la ciudad de forma
solapada, por lo que animó a UDCE a “quitarse la máscara”.
La comparecencia matinal de Morales provocaba una reunión de
urgencia de la ejecutiva presidida por Ali, que por la tarde
rebatía los argumentos esgrimidos por el consejero de
Presidencia y anunciaba la ruptura de las relaciones
institucionales con el Gobierno popular.
Morales se mostró indignado con la actitud adoptada por el
partido local y acusó a su presidente, que ejerce la
abogacía, de tramitar en su despacho profesional las
denuncias por negativa al empadronamiento, por lo que
“incurriría en una grave irregularidad” y en una
incompatibilidad manifiesta: ser diputado y llevar procesos
contra la Ciudad Autónoma.
José Luis Morales quiso dejar clara la posición de la Ciudad
en el proceso de inscripción en el padrón municipal. “La
Administración tiene derecho a llegar hasta la última
posibilidad de recurso”, expuso el consejero aludiendo al
periodo de 15 días que se abre después de cada
pronunciamiento judicial. Por lo tanto, Presidencia no
incurriría en ninguna falta, sino que, ante una nulidad,
tendría derecho a actuar y recurrir; y a impedir que se
empadrone en Ceuta “a toda la provincia de Tetuán”, algo que
no pasará mientras Morales sea consejero, como él mismo
aseguró. Morales apostillaba después que nadie puede pedirle
al Ejecutivo local que no ejerza un derecho legítimo.
Procedimiento
“Estoy harto de las lamentaciones del señor Ali”, subrayó.
El responsable de Presidencia explicó que el hecho de portar
un pasaporte en regla del país de origen no obliga a que se
dé de alta en el padrón a un ciudadano de Marruecos; “no
queremos que nos marroquinicen”, espetó Morales, “y si es lo
que pretenden -en relación a la UDCE- que lo digan”. Añadió
que si para empadronarse hay que residir en Ceuta, “el 80
por ciento” de los que solicitan la inscripción no lo
cumplen. En este sentido, habría que desestimar a los
trabajadores transfronterizos.
Menores
UDCE hacía pública la desescolarización de menores, que
tampoco podrían beneficiarse de asistencia sanitaria, por no
estar inscritos en el padrón municipal. El consejero,
después de explicar que la sanidad en España es “universal”
y que “cualquier persona” tiene derecho a ser atendida de
urgencia, señalaba que es el Ministerio de Educación quien
solicita el padrón para asignar centro educativo. Esto,
unido al requisito que obliga a empadronarse a los
progenitores para poder hacer lo propio con sus hijos,
imposibilitaría su escolarización.
José Luis Morales fue rebatiendo, uno a uno, los puntos
expuestos el miércoles por el partido de Mohamed Ali. “Las
lagunas legislativas y los fallos” en el proceso de
empadronamiento existen, pero no son responsabilidad de la
Ciudad Autónoma, que matizó que sus palabras no tienen nada
que ver con el enfrentamiento que protagonizó, en el seno de
la Comisión de Reforma del Estatuto, con Abdeselam Maate,
miembros de UDCE.
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Cruce de acusaciones
UDCE no escapó a las acusaciones
directas de Morales que denunció que un militante “activo”
de este partido tiene a cerca de 26 personas extranjeras
empadronadas en su domicilio, un hecho “preocupante” en
palabras de consejero de Presidencia que no descartó la
posibilidad de investigarlo y tomar medidas al respecto. Por
la tarde, Mohamed Ali rebatía la acusación del político
popular. Según explicó, se trata de “16 ciudadanos
españoles” que comparten el mismo número de portal pero que
habitan en 3 edificios distintos. Ali aseveró que las
acusaciones de Morales estaban revestidas de un tinte
“racista” porque, ironizó, “no todos los Mohamed son
marroquíes”. UDCE quiere investigar además cómo el consejero
ha accedido a esta información sin ‘pisar’ la Ley de
Protección de Datos.
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