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Señor Presidente del Senado, Señorías, señor Presidente del
Gobierno, señora y señores presidentes de las distintas
Comunidades Autónomas y de la Ciudad Autónoma de Melilla,
señoras y señores, buenos días a todos.
Lamento la ausencia en este debate del señor Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, a quien deseo, con toda sinceridad, un
pronto restablecimiento.
En nombre del pueblo de Ceuta, y en relación con el
accidente sufrido ayer en la localidad de Torrecuevas,
quiero expresar nuestra condolencia y enviar un abrazo
fraternal a esta población, a Granada y a toda Andalucía.
Una región, con la que tanto tenemos en común, que la
sentimos como propia.
Quiero agradecer a la mesa de esta Cámara que en la
ordenación del Debate que celebramos no se nos haya tratado
de manera diferente por ser Ciudad Autónoma. La decisión
adoptada -que insisto, agradezco-, es una buena forma de
poner en evidencia que en España somos 19 las Autonomías,
aún cuando entre ellas dos tengan el rango de Ciudades con
Estatuto de Autonomía.
Aún cuando, como contrapunto, debo significar dos omisiones
cometidas por el señor Presidente del Gobierno en su
intervención de ayer por la mañana. La primera, cuando al
citar los procesos de las reformas estatutarias en curso no
mencionó que en el seno de la Asamblea de Ceuta una comisión
trabaja en la elaboración de una propuesta que tenga por
objeto, entre otras finalidades, posibilitar nuestra
conversión en Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto
en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución; y
la segunda, cuando al comentar como logro la presencia de
las regiones limítrofes en las Reuniones de Alto Nivel que
se celebren con terceros países, no precisó que, hasta el
momento, con la excepción de Ceuta y Melilla, ya que
nuestras dos Ciudades, pese a cumplir de manera inequívoca
con la señalada condición, y tener, a mi modo de ver, mucho
que aportar, no estuvieron presentes en una reunión de tales
características recientemente celebrada.
Para evitar estas u otras omisiones, y para lograr objetivos
de mayor enjundia, los ceutíes, al amparo de la mencionada
disposición de la Constitución, y de manera consensuada,
aspiramos acceder al rango de Comunidad Autónoma.
El Gobierno nos plantea a través de su comunicación, la
conveniencia de abordar en esta Sesión las cuestiones
generales relativas a la posible ampliación del ámbito
competencial de las Autonomías, la revisión del marco de
relación entre administraciones territoriales y la mejora de
la financiación autonómica, junto con la reforma del Senado
y la participación de las Autonomías en los órganos de la
Unión Europea.
Según nuestro criterio, para poder opinar y debatir, con
rigor y profundidad, acerca de estas cuestiones, se necesita
algo más que una simple declaración de intenciones; se
precisa, por el contrario, conocer de manera clara y
concreta, cuáles son los criterios y posiciones que el
Gobierno defiende respecto de las iniciativas de revisión
que pretende impulsar.
En consecuencia, me uno a quienes desde esta misma tribuna
han insistido en la necesidad de pedir al Gobierno
respuestas claras y concretas, a determinadas preguntas que,
guardando íntima relación con los referidos temas, están en
la mente de todos, y que tienen que ver con la definición de
los principios y valores que deben informar el modelo de
financiación autonómica; con la determinación de posibles
nuevos supuestos de cesión tributaria, sean de índole
normativa o recaudatoria; con la fijación del plano en que
deben situarse las relaciones de colaboración entre las
administraciones territoriales; y, en fin, con la
ratificación, o no, de los hechos diferenciales que merecen
ser reconocidos.
En todo caso, el gobierno de la Ciudad de Ceuta coincide con
quienes están solicitando responsabilidad para no dar pasos
irreversibles que pongan en riesgo los principios y valores
que fundamentan nuestra Constitución, y en particular, el de
la solidaridad. Actuar de manera distinta supondría, en
nuestra opinión, generar tensiones y desconfianzas, así como
el debilitamiento del potencial de desarrollo del conjunto
de la Nación. Un perjuicio para todos y un auténtico drama
para la parte de España que precisa, de manera vital, del
apoyo solidario del resto, bien por arrastrar retrasos
históricos, bien por soportar singulares dificultades.
Solidaridad que, en todo caso, trae causa, y no puede
separarse, de otros principios que asimismo fundamentan
nuestra Constitución, la unidad de España, el derecho a la
Autonomía, y la legítima aspiración de los ciudadanos a ser
iguales. Dicho de otra forma, la solidaridad
interterritorial se justifica, en el referido marco de la
Unidad Nacional y del Estado Autonómico, por la
irrenunciable vocación de superar las dificultades que
generan desigualdad, al objeto de poder lograr que todos los
españoles reciban en condiciones de igualdad los servicios
públicos que las distintas administraciones prestan, con
independencia de cual sea, dentro del conjunto de la Nación,
el lugar de residencia. La historia nos demuestra que el
desarrollo armónico, equilibrado y en igualdad, es condición
básica y esencial para potenciar y fortalecer el conjunto.
La desigualdad, al margen de ser injusta, conduce, tarde o
temprano, al empobrecimiento generalizado.
Defendemos, por tanto, la aplicación del principio de
solidaridad, por convicción y también, por qué no decirlo,
por necesidad, dado que, en nuestro caso, las dificultades,
retrasos, carencias y condicionamientos son de tal
envergadura que sin contar con el apoyo solidario del
conjunto de los españoles, sería imposible pretender
alcanzar un nivel de bienestar equiparable al del resto de
la Nación.
Además ésta de hoy nos parece una oportunidad, que no
podemos desaprovechar para, atendida la vigencia y bondades
que todos le reconocemos al reiterado principio de
solidaridad interterritorial, analizar si el mismo está
siendo debidamente atendido por el Gobierno de la Nación en
el ejercicio de sus competencias y en cumplimiento de sus
obligaciones.
Para ello, me van a permitir que utilice a nuestra Ciudad
Autónoma como elemento de prueba, por razón tanto del
conocimiento de que disponemos como, sobre todo, porque
considero que, objetivamente y en función de las antes
referidas dificultades, constituimos sin pretenderlo, un
buen ejemplo. Somos en cierta forma, si se me permite la
expresión, “la prueba del nueve”.
Debo, por tanto, ocupar parte de mi tiempo en señalar cuales
son los rasgos característicos de Ceuta que nos habilitan
para demandar, por ser de justicia, solidaridad al resto de
los españoles…
Y lo hago con sumo gusto, primero porque creo estoy en el
lugar adecuado y en el momento oportuno, y, en segundo
término, porque, aún estando convencido de que no es el caso
de esta Cámara, la realidad de Ceuta aparece en muchas
ocasiones distorsionada y seriamente perjudicada. Mucho
lamentaría, no obstante, que mi intervención pudiera ser
calificada de localista. No es mi intención, y las razones
creo haberlas ofrecido.
A estos efectos, antes de darles cuenta de los aludidos
condicionamientos y dificultades, me permito decirles que,
para situarnos, Ceuta es, y se siente, España por encima de
cualquier otra condición, con base en muy poderosas razones
históricas, jurídicas y políticas. Un sentimiento que, por
ser cuestión esencial, se acentúa ante las provocaciones o
las dudas; y un sentimiento que nadie debe considerar
anacrónico, trasnochado, rancio o estéril, por cuanto que,
al margen de otras consideraciones, hoy cumple en nuestra
sociedad el importante papel de ser factor de cohesión, por
significar también la voluntad compartida de participar,
junto con el resto de los españoles, en un proyecto común de
progreso, de bienestar, de libertad y de igualdad, por
encima de ideologías, credos religiosos, orígenes étnicos o
raíces culturales. Ha de quedar muy claro, por tanto, que
esta diversidad demográfica no perjudica ni entorpece
nuestra irrenunciable condición de ser, y sentirnos, España.
Una diversidad demográfica que, por otra parte, imprime
carácter y pone a prueba nuestra capacidad de convivir:
No pretendemos dar lecciones a nadie, ni convertirnos
tampoco en referente de nada, pero ha de saberse que en una
ciudad con tan solo 20 kilómetros cuadrados y 75.000
habitantes, cristianos, musulmanes, hindúes y judíos hemos
aprendido a convivir compartiéndolo casi todo, espacios,
afectos, dificultades, necesidades y anhelos; que los
ceutíes valoramos la diversidad como fuente de
enriquecimiento cultural, antes que como motivo de
enfrentamiento; que distinto no significa extraño, y que la
clave de la convivencia, en paz y armonía, se encuentra en
el respeto a las costumbres y creencias de los demás, y de
todos, a las normas que, de acuerdo con nuestras pautas
culturales comunes, promueven y garantizan la integración,
la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la
justicia, la libertad, y la no discriminación. En suma, la
democracia. Los ceutíes, todos los ceutíes, somos
conscientes tanto de los riesgos como de la necesidad de
cuidar - yo diría que mimar - la mencionada convivencia en
paz y armonía, porque en ello, sin duda alguna, nos va el
futuro.
Efectivamente, Ceuta es un territorio afectado en sus
posibilidades de desarrollo por peculiares
condicionamientos, físicos y estructurales, que derivan de
ser extrapeninsular, frontera terrestre de Europa en Africa
y, según he indicado antes, de reducida superficie.
Además, contamos con:
Una muy alta densidad de población.
Un sistema productivo que en los últimos años ha sufrido
tres reconversiones muy duras en cuanto a sus efectos en la
actividad económica y el empleo, y que en la actualidad es
incapaz de satisfacer las necesidades de ocupación de
nuestra población, especialmente de nuestros jóvenes. La
tasa de paro en Ceuta es prácticamente el doble de la media
nacional.
Unos servicios públicos con notables carencias en sanidad,
educación universitaria, vivienda y medio ambiente.
Un alto precio del transporte marítimo, que encarece los
aprovisionamientos básicos, que dificulta el desarrollo
turístico y que, de alguna forma, nos aísla.
Una severa presión migratoria, que, en sus distintas
manifestaciones, aumenta las necesidades en los servicios
públicos de índole asistencial y, al mismo tiempo,
compromete, por distintas causas, nuestra suficiencia
financiera.
Condicionamientos que, tal como al principio comentaba, nos
convierten en un buen ejemplo como destinatarios de la
solidaridad del resto de los españoles, y que, a su vez, nos
legitiman, al amparo de lo establecido en nuestra
Constitución, para demandar del Gobierno de la Nación un
trato consecuente con el objetivo de lograr unas condiciones
de vida iguales a las del resto de España.
Un apoyo, justo y necesario, para conseguir que tales
dificultades no terminen siendo un lastre de imposible
superación, que el desarrollo económico de Ceuta sea un
objetivo factible, que nuestra juventud tenga oportunidades
de empleo y de formación, que se superen las carencias en
sanidad, educación y vivienda, que los precios del
transporte marítimo dejen de ser un factor de aislamiento y,
en fin, que por causa de la presión migratoria no se vean
perjudicados servicios públicos fundamentales.
Una aspiración que repito, además de legítima, por justa, es
imprescindible para favorecer el arraigo de la población, la
convivencia, la paz social y, en consecuencia, la
estabilidad de Ceuta en todos los órdenes: social, político
y económico.
Un objetivo, por otra parte, posible, por cuanto que, junto
con las reiteradas dificultades, también concurren
apreciables fortalezas y oportunidades, entre las que me
permito señalar nuestra situación geográfica, el valor de
nuestro patrimonio histórico, cultural y natural; los
atractivos fiscales que configuran el vigente Régimen
Especial - eso sí necesitado de actualización -; y la
existencia de sectores productivos con posibilidades de
desarrollo.
Esta es, Señorías, a grandes rasgos, la realidad de Ceuta,
la realidad de una parte de España situada al otro lado del
Estrecho, y respecto de la que, por las razones expuestas y
al amparo del mandato constitucional, los ceutíes,
sintiéndonos parte integrante de la patria común, demandamos
apoyo y solidaridad, y así se lo hacemos llegar al Gobierno
de la Nación, con independencia de cuales sean las
circunstancias políticas del momento, por cuanto
consideramos que la aspiración de ser iguales no debe
depender de las aludidas coyunturas, como tampoco nuestra
inequívoca voluntad de contribuir, con el mayor empeño y
esfuerzo, a conseguir el mencionado objetivo.
No sería justo, ni cierto, que se imputara al actual
Gobierno de la Nación la responsabilidad exclusiva de las
carencias y necesidades antes señaladas, pero lo que tampoco
admite dudas, con apoyo en datos y hechos, es que la llegada
del actual Gobierno ha supuesto para Ceuta un frenazo y, en
muchos casos, un paso atrás en el proceso que con decisión
se había asumido para impulsar el desarrollo de nuestra
ciudad.
Parón que queda suficientemente demostrado si tenemos en
cuenta, entre otros datos:
- que la inversión pública contemplada para Ceuta en el
proyecto de presupuestos Generales del Estado de 2006 es un
15% inferior a la que se recogía en los Presupuestos de
2004, último de los aprobados por el anterior Gobierno; que
todavía no han sido atendidas las peticiones que la Ciudad
ha planteado para incentivar el empleo y reactivar la
actividad económica, en general, y comercial, en particular,
algunas de las cuales fueron públicamente defendidas durante
la campaña electoral por el partido que ahora sustenta al
Gobierno, como es el caso de la actualización del régimen
económico y fiscal, y la ampliación de las bonificaciones en
las cuotas a la Seguridad Social; que en el reparto de los
fondos teóricamente destinados a paliar el déficit sanitario
de las distintas administraciones, los ciudadanos de Ceuta
van a recibir seis veces menos que la media del conjunto
nacional, y ello pese a las muchas y acuciantes necesidades
que en materia sanitaria sufrimos;
- que en otra área eminentemente social, como es el empleo,
y respecto de una ciudad con una tasa de paro que duplica,
según he manifestado, la media nacional, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales haya tomado, en este ejercicio,
la decisión de reducir en un 60% las cantidades destinadas a
financiar, mediante acción concertada, determinados
programas de empleo;
- que tampoco hemos conseguido del Ministerio de Educación y
Ciencia una respuesta favorable en cuanto al impulso del
convenio previsto para desarrollar, por ambas
Administraciones, la oferta universitaria de la ciudad, lo
que supone, entre otras consecuencias, aplazar, de manera
injustificada y sin fecha conocida, la puesta en marcha de
una iniciativa vital para ampliar el horizonte formativo de
nuestra juventud y para favorecer el desarrollo económico y
social; que, de igual forma, en relación con otro campo de
actuación pública de capital importancia para la cohesión
social, como es de la vivienda, en el proyecto de
Presupuestos de 2006 aprobado por el Gobierno se recoge una
reducción de un 40 % en las dotaciones que tienen por
finalidad la promoción de viviendas protegidas, asimismo
mediante acción concertada con el Gobierno de la Ciudad; y,
en fin,
- que se hayan visto notablemente reducidos los recursos
destinados a la cooperación entre ambas administraciones y
para mejorar los servicios públicos de nuestra competencia.
En este caso, la rebaja es también del 15 %.
Por tanto, si la inversión pública se reduce en términos
globales, si no se continua de manera decidida con la tarea
dirigida a mejorar los incentivos económicos y fiscales que
contrarresten las dificultades objetivas que en Ceuta
concurren para el desarrollo económico, si no se atienden,
con la diligencia y determinación requeridas, las razonables
demandas de los sectores en crisis; si no se avanza en la
suficiencia y estabilidad de nuestra Hacienda; si se
discrimina a la ciudad en la asignación de recursos para
mejorar los servicios sanitarios y si, al mismo tiempo, se
penalizan, vía minoración, las transferencias que la Ciudad
recibe para atender necesidades prioritarias de índole
social, como son la vivienda, la educación, y el empleo,
procede concluir, de manera categórica, que, ciertamente, la
llegada del actual Gobierno de la Nación ha supuesto un
parón, y en muchos casos un paso atrás, en el proceso que,
tiene por finalidad lograr que Ceuta alcance unos niveles de
bienestar equiparables a los del resto de España.
Un cambio que, atendidas las circunstancias que en el caso
concurren, debe considerarse, sin paliativos, contrario al
tantas veces mencionado principio de solidaridad
interterritorial, y por tanto, también ajeno al mandato
Constitucional que impone su efectiva aplicación.
Nuestra experiencia nos pone en evidencia, de manera muy
cruda, señor Presidente, que los hechos difieren de las
palabras, porque, tal como se ha demostrado, la Ciudad
Autónoma de Ceuta no ha sido destinataria de esa manera más
cooperativa de gobernar que es, según dice, eje de la
política del Gobierno que dirige, según dice su presidente;
porque, a la vista está, el gobierno de la Ciudad de Ceuta
no percibe haber entrado en una nueva dinámica de diálogo y
concertación; y porque la evolución de los Presupuestos
Generales del Estado, elaborados por el actual Gobierno de
la Nación no son, respecto de Ceuta, un modelo de
instrumento al servicio de la cohesión social y territorial.
Una actitud política cuyas verdaderas razones desconocemos,
al menos nadie nos las ha explicado, pero les puedo asegurar
que muchas personas en Ceuta piensan que este es el castigo
por no ser del mismo color político, al igual que otras
muchas opinan que la verdadera razón se encuentra en la
reducida dimensión de Ceuta y, por tanto, en nuestro escaso
interés electoral.
De cualquier forma, Señor Presidente, Señorías, sean éstas u
otras las razones, creo sinceramente que no es la fórmula
adecuada para favorecer la cohesión social y para conseguir
que España siga siendo un ejemplo de solidaridad
interterritorial. En particular, no es el camino apropiado
para evitar el aislamiento de Ceuta, y para lograr arraigo y
estabilidad en nuestra ciudad. Por ello, Señor Presidente,
yo le pido, en nombre de todos los ceutíes, que su Gobierno
rectifique y se involucre decididamente en el desarrollo de
nuestra ciudad, por ser, repito, de justicia y en interés de
todos.
Si quiere propuestas me permito recordarle las peticiones
que, hace aproximadamente año y medio, el Gobierno de la
Ciudad remitió a los distintos Departamentos Ministeriales,
propuestas que, en todo caso, estoy dispuesto a discutir,
revisar y actualizar con quien usted quiera y donde usted
disponga.
Peticiones que, desde entonces, han sido planteadas varias
veces, por escrito, públicamente y en los contactos
personales, cada vez que hemos tenido oportunidad, debiendo,
no obstante, reconocerse, que nuestra insistencia no ha
tenido resultados positivos, por cuanto que, hasta el
momento presente, del Gobierno de la Nación, solo hemos
obtenido la callada por respuesta, salvo alguna significada
excepción que merece ser reconocida.
Una clara falta de sensibilidad que resulta especialmente
preocupante por afectar a la médula de la cohesión social,
ya que incide en ámbitos de gestión muy relevantes a estos
fines como son los casos de la promoción de viviendas
protegidas, los programas para el fomento del empleo, el
desarrollo de la oferta educativa y la reactivación del
perjudicado segmento comercial.
Apoyo solidario, justo y necesario, que debe traducirse en
transferencias, inversiones, incentivos y ayudas a la
Hacienda de la Ciudad, y también en la decidida voluntad de
transmitir confianza y seguridad a los ceutíes. Por eso,
Señor Presidente, al servicio de la apelada confianza, le
pido que cuando se le pregunte, directa o indirectamente,
sobre la españolidad de Ceuta, conteste de manera positiva,
como no puede ser de otra forma, y con la claridad y
contundencia que cuestión tan esencial merece; que en
relación con las Reuniones de Alto Nivel con países terceros
y la participación en las mismas de las regiones
fronterizas, a las que con anterioridad me he referido, le
pido, asimismo, señor Presidente que no acepte presiones
externas para excluirnos, procurando que a nuestra ciudad se
dispense un trato igual al que en este ámbito reciben otras
autonomías; y que en relación con la mencionada defensa de
la españolidad, exijamos a los demás, a los referidos países
terceros, el mismo respeto que nosotros les otorgamos.
Siguiendo hablando de solidaridad, considero necesario
abordar otro asunto que a todos nos ocupa y que, sin dejar
de ser de permanente actualidad, concita, en determinadas
circunstancias y por la gravedad de ciertos acontecimientos,
un mayor interés. El asunto es la inmigración irregular, y
las circunstancias, las graves y dramáticas situaciones
recientemente vividas en los perímetros fronterizos de Ceuta
y Melilla.
Por razón del tiempo disponible no me voy a extender mucho,
pero sí deseo dar nuestra versión desde la posición singular
que confiere vivir el fenómeno, y sus consecuencias, en un
territorio que, además de ser extrapeninsular, es frontera
terrestre de España y de Europa, en Africa.
La primera de estas reflexiones es, a mi modo de ver,
irrefutable. Tal como acertadamente ha puesto de manifiesto
el señor presidente de la Junta de Andalucía en su
intervención de ayer, el fenómeno y sus derivadas, positivas
y negativas, a todos nos incumbe, no siendo, por tanto,
admisible que nuestras dos ciudades fronterizas, por el
hecho de serlo y como consecuencia de la apuntada presión,
vean lastradas sus posibilidades de desarrollo y aumentadas
las ya muy notables carencias en servicios públicos
fundamentales. La justicia, y la tantas veces mencionada
solidaridad, demandan y aconsejan, en este caso también, un
equitativo reparto de las cargas.
Por tal motivo le solicito, Señor Presidente, que por parte
de su Gobierno se adopten, con urgencia, las medidas
necesarias para, por un lado, ampliar las dotaciones en los
servicios públicos que, siendo competencia de la
Administración del Estado, se ven afectados por el fenómeno
de la inmigración irregular, así como, por otro, compensar a
las Ciudades Autónomas por los mayores gastos que, en
servicios de nuestra competencia, nos supone la atención a
los inmigrantes irregulares, cualquiera que sea la condición
y origen de éstos.
Considero igualmente que la inmensa mayoría de las personas
de buena fe, diría que la totalidad, coinciden en que una
más justa distribución de la riqueza en el mundo, y la
extensión generalizada de la paz, la libertad y la
democracia, son factores que, además de deseables,
resolverían en gran medida la problemática existente, pero
también debemos reconocer que, hasta tanto se logren tan
nobles y justificadas aspiraciones, las fronteras deben
seguir cumpliendo eficazmente su función, en relación con
ésta u otras contingencias; lo que significa que el Gobierno
de la Nación tiene la prioritaria e inexcusable obligación
de garantizar la seguridad e inviolabilidad de las mismas,
para cuyo fin debe emplear cuantos medios técnicos,
materiales y humanos sean precisos.
Con igual empeño debemos emplearnos en garantizar los
derechos humanos de los inmigrantes y en evitar las
tragedias humanas que en torno a la inmigración irregular se
producen. Así lo manifiesto en nombre de todos los
ceutíes...
Un pueblo que, con su comportamiento diario y desde hace
mucho tiempo, ha dado muestras de ser tolerante y solidario.
Como también creo deben compartir conmigo que resulta muy
necesaria la colaboración de los países de procedencia y de
tránsito, que han de endurecerse las penas para castigar a
quienes se dedican al tráfico de personas, que las normas
reguladoras de la inmigración y, en particular, los procesos
de regularización, deben ser uniformes en toda la Unión
Europea, evitando la adopción de iniciativas unilaterales
que provoquen un “efecto llamada”, y que la citada Unión
Europea debe tener una mayor implicación, financiera y de
cualquier índole, en la consecución de los señalados
objetivos.
Haciendo un inciso, me parece apropiado poner de manifiesto,
ahora que nuevamente tanto se está hablando de revisar la
financiación autonómica no debe quedar, una vez más,
aplazada la imperiosa necesidad de potenciar la capacidad
financiera de las entidades locales, y ello en consonancia
con el importantísimo ámbito competencial que las mismas
tienen encomendadas. Por tener la Ciudad de Ceuta, como bien
saben sus Señorías, la doble condición de autonomía y
entidad local, comprendemos muy bien las dificultades
económicas de éstas, la estrecha relación que existe entre
cercanía de las demandas ciudadanas y eficacia en las
respuestas de la administración, y la importancia que para
la calidad de vida de los ciudadanos tienen los servicios
que prestan los ayuntamientos.
Señorías, Señor Presidente, ya termino, y lo hago como
empecé, poniendo de manifiesto que, pese al tiempo
transcurrido, sigue sin aplicarse la Disposición Transitoria
Quinta de nuestra Constitución, en virtud de la cual Ceuta
puede acceder al rango de Comunidad Autónoma.
Hoy, tal previsión es aspiración unánimemente asumida por
todos los partidos políticos con representación en nuestra
Asamblea, que esperamos concretar en una propuesta también
consensuada.
Un objetivo, legítimo, posible y constitucional; que, debe
reconocerse, ha adquirido actualidad y notoriedad por causa
del proceso abierto por el Gobierno de la Nación; que se
plantea tras diez años de rodaje del vigente Estatuto de
Ciudad Autónoma; y que, ha de quedar claro, pretende
básicamente corregir ciertas disfunciones, mejorar nuestra
estructura orgánica, asumir algunas nuevas competencias y,
sobre todo, reforzar más, si cabe, nuestra tantas veces
mencionada condición esencial: ser y sentirnos España.
Una condición acertadamente calificada de esencial, que,
como decía al principio, se fundamenta en muy poderosas
razones históricas y jurídicas, y un sentimiento patriótico
que debemos expresar sin complejos ni dudas, y que tampoco
debemos considerar rancio, trasnochado o inútil, porque
también, como antes decía, supone una voluntad compartida de
participar, con el resto de los españoles, en un proyecto
común de prosperidad, libertad y bienestar. Una voluntad
sentida por todos los ceutíes con independencia de cual sea
su ideología, credo religioso u origen étnico.
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POLÍTICA /
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LAS
AUTONOMÍAS
