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El asunto de las cámaras de vídeo instaladas en la ciudad de
Ceuta sigue trayendo cola. La situación actual, tras el
anuncio de María Antonia Palomo de trasladar su queja al
Defensor del Pueblo, “quien tiene como labor la defensa de
los derechos fundamentales y las libertades públicas”, es
esperar el plazo de diez días otorgado al Gobierno de la
Ciudad para que se decida a quitar las cámaras de
videovigilancia.
María Antonia Palomo sigue teniendo claro que la colocación
de cámaras en la ciudad vulnera los derechos fundamentales
de la ciudadanía y que no se ha seguido la regulación
jurídica pertinente para hacerlo de acuerdo a la legalidad.
“Los portavoces políticos tenemos la obligación de defender
los derechos de la ciudadanía y por eso cuando termine el
plazo, seguiremos adelante con el contencioso administrativo
porque el Gobierno ya ha hecho público que no quitará las
cámaras”, explicó.
La portavoz del PSOE ceutí opina que además se han excedido
las competencias de la Ciudad al instalar cámaras en
terrenos como la zona del helipuerto, pertenecientes a la
Autoridad Portuaria, que requieren la autorización de
organismos superiores a los meramente locales, como es el
Ministerio de Fomento.
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Son terrenos de uso habitual de la Ciudad
La portavoz del Grupo Socialista
de Ceuta, María Antonia Palomo, solicitará a la Autoridad
Portuaria explicaciones por la colocación de cámaras en
terrenos que no pertenecen a la Ciudad. La postura de la
Autoridad Portuaria, a la espera de una explicación oficial,
estaría próxima a pensar que la colocación de estas cámaras
para el control del tráfico es un servicio de la ciudad que
realiza en un terreno que forma parte de las concesiones
administrativas del puerto en un eje diametral de
circulación del tráfico usado habitualmente.
Si el tráfico transita desde hace años por los puntos donde
se han colocado las cámaras, pese a ser terrenos propiedad
de la Autoridad Portuaria, su control podría ser competencia
de la Ciudad.
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FOMENTO / CÁMARAS
