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Juan Luis Aróstegui, diputado del Grupo Político Caballas,
defendía ayer una interpelación relativa a diversos aspectos
sobre el contrato de prestación de las clases de natación.
En este sentido, Aróstegui indicaba que este es “uno de los
‘expedientes x’ que asola la gestión del gobierno de Vivas,
el tiempo pasa, la vida se va y los ‘expedientes x’
permanecen”.
Desde el partido localista se destacó que en muchas
ocasionesse han venido interesando por este asunto “sin que
nadie entienda muy bien el trasfondo de todo ello”, por eso
Aróstegui insistió en que la interpelación presentada ayer
es el último intento por la vía política “antes de ir a los
Tribunales”, resaltando que la deuda sobre este contrato
ascienda a más de 1,6 millones de euros, una cantidad que,
según Aróstegui, “da cierto respeto” y que además “está sin
consignación presupuestaria y sin contrato”.
Aróstegui puso de manifiesto que este lapsus de finalización
de contrato se mide ya en años, poniendo de relieve que
durante varios años este contrato no se renueva pero que el
servicio se sigue prestando aún sin contrato.
Esta situación, para el diputado de Caballas, tan sólo tiene
una lectura, poniendo de relieve que mientras se continúe
con esta situación “hay una empresa que sale beneficiada”,
de ahí que preguntara al Gobierno si “¿se está blindando a
alquien? O ¿se trata de proteger a alguien?”.
El consejero responsable del área, Fernando Ramos, fue el
encargado de responder a Aróstegui, a quien indicó que “todo
expediente x tiene un final, y afortunadamente ya está en
marcha el proceso para licitar este contrato”, poniendo de
relieve que los pliegos técnicos y administrativos se
encuentran en Intervención y que “con toda seguridad, antes
de final de año el contrato saldrá a licitación”.
Además, Ramos negó que la cantidad adeudada ascienda a 1,6
millones, situando la misma en algo más de 1,3 millones.
Con el objetivo de explicar la tardanza de la licitación del
citado contrato, Ramos aseguró que han existido muchas
modificaciones en los pliegos que han provocado esta demora,
negando que se haya buscado favorecer a nadie.
En cuanto a cómo se iba a proceder a abonar la deuda
contraída, Ramos reconocía haber mantenido reuniones
recientemente con el gerente de la empresa, llegándose a un
acuerdo para cómo realizar el pago.
Tras las explicaciones, Aróstegui insistió en que
argumentación y recriminaba al Gobierno el haber permitido
el desarrollo de un servicio durante cuatro años sin
contrato, y denunciaba que el Ejecutivo ha llegado a un plan
de pago que no tiene consignación presupuestaria.
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Sesión
Plenaria / Interpelaciónes
