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La Secretaría Provincial de la Unión Federal de Policía (UFP),
sindicato policial mayoritario en Ceuta, se ha sumado este
miércoles a muestras de “total apoyo” que esta recibiendo la
asociación “Afectados por Hacienda”, después de que en los
últimos días, tanto la Sección Sindical de la Asociación
Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), como varios
sindicatos de la Guardia Civil, entre los que se encuentran
la AUGC y UniónGC, se hayan situado a favor de la recién
creada asociación.
En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) afirma
observar con gran preocupación la persecución a la que están
siendo sometidos nuestros afiliados y compañeros que
trabajan y residen en Ceuta, ya que en los últimos
ejercicios fiscales, por parte de algunos funcionarios de la
Agencia Tributaria, desde un mero afán recaudatorio y sin
haber modificación legislativa alguna, están negando las
deducciones fiscales que hasta el momento nadie había
discutido”.
No obstante, desde la UFP quieren dejar “suficientemente
claro” que la UFP “no” defiende “a defraudadores, todas las
infracciones y delitos deben ser perseguidos y condenados”,
y por lo tanto “buscamos el cumplimiento estricto de la
ley”, añadiendo que “la ley General tributaria ha de
cumplirse de forma literal y no ser utilizada de forma
interesada, reescribiéndola, tergiversándola o añadiendo
conceptos, que no figuran en su contenido, todo ello con un
mero afán recaudatorio. No se deben permitir abusos, ni
actuaciones injustas o arbitrarias”, denuncian.
Desde el sindicato aseguran haber recibido “un sinfín de
quejas y denuncias de nuestros afiliados y compañeros sobre
la presión de la Agencia Tributaria sobre los funcionarios
en torno a la permanencia en Ceuta durante un mínimo de 183
días, argumento totalmente falso, que no se ajusta a lo
establecido en la Ley de I.R.P.F., atropellando derechos
fundamentales del ciudadano, planteando dudas, muchas de
ellas infundadas, sobre la residencia del contribuyente,
basadas en meras conjeturas, que se saldan con cuantiosas
sanciones, negando cualquier posibilidad de defensa del
contribuyente, desechando pruebas que según la normativa
existente demuestran con creces, la residencia habitual en
Ceuta de los afectados”.
En este sentido, la UFP expone que “el abuso va mucho más
allá de los funcionarios que prestan servicios a turnos
rotatorios, cebándose en numerosas ocasiones con los que
trabajan y residen en nuestra ciudad de lunes a viernes,
iniciándose la apertura de expediente a funcionarios que
salen de Ceuta algún fin de semana a ver a sus familiares,
igual que cualquier ciudadano, siendo expedientados,
negándoles su residencia habitual en Ceuta, esgrimiendo
motivos absurdos, siendo tratados como delincuentes,
desechándoles muchas de las pruebas que presentan, cuando es
más que evidente que por el turno de trabajo que tienen y la
información de la que goza la Agencia Tributaria, son
residentes en Ceuta”.
El sindicato subraya que “nuestros policías cumplen con los
requisitos que estables la Ley General Tributaria en
relación a la deducción por residencia en materia de IRPF y
por lo tanto no ha lugar sanción alguna”, señalando que “la
invención de que es obligatorio residir en Ceuta durante 183
días es el argumento que esgrimen los que no quieren aplicar
la Ley, dado que eso no es lo que indica la norma”.
Para la UFP “no cabe exigir un cómputo de 183 días, puesto
que ese cómputo está reservado en el artículo 9. de la Ley
de IRPF, ‘Contribuyentes que tienen su residencia habitual
en territorio español, y ese no es el caso que se plantea.
La Residencia habitual en el territorio de una comunidad
está relacionada con el art. 72 de la Ley 35/2006 de 28 de
noviembre sobre el impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que trata sobre la Residencia Habitual en el
territorio de una Comunidad Autónoma, considerando que los
contribuyentes con residencia habitual en territorio español
son residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma
cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días
del periodo impositivo, donde haya permanecido más tiempo”.
Para determinar la permanencia, la UFP expone que “se
consideran residentes en el territorio de la Comunidad
Autónoma donde tengan su principal centro de intereses.
Entendido como tal el territorio donde obtengan la mayor
parte de la base imponible del impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas”.
“Cuando no se pueda determinar la residencia conforme a los
criterios establecidos en los ordinales anteriores,
–advierte el sindicato– se considerarán residentes en el
lugar de su última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas”, no
entendiendo “de donde han sacado lo de los 183 días, no
entendemos este ataque repentino sobre funcionarios con más
de 20 años de servicio efectivo en nuestra ciudad a los que
jamás se les había discutido su residencia, a los que no se
les quiere contabilizar los días que pasan en nuestra
ciudad, utilizando métodos que no vienen recogidos en la
Ley, sino sólo en su forma de interpretarla, contabilizando
pernoctaciones, realizando un cómputo de horas, en lugar de
aplicar lo que viene recogido en la Ley, y un sinfín de
artimañas con tal de hacer caja”.
La UFP defiende que los policías tienen su residencia
habitual en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es donde
residen la mayor parte del periodo impositivo, donde tienen
su principal centro de Intereses, donde obtienen la mayor
parte de la base imponible sobre la Renta de las personas
físicas, donde deben computarse las Ausencias temporales
(vacaciones, viajes, fines de semana, hospitalizaciones,
etc.), ya que las mismas deben computar a efectos de
residencia respecto del lugar al que tiene que acudir
obligatoriamente el contribuyente (su puesto de trabajo)”.
Para finalizar, la UFP denuncia que “se oprimen derechos
fundamentales, como la libertad de circulación reconocida en
el art. 19 de nuestra Constitución, obligando a los
funcionarios a permanecer sus días libres sin salir de
Ceuta. Vulnerando igualmente derechos reconocidos en el Art.
139 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
territorio del Estado. Ninguna Autoridad podrá adoptar
medidas que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación. Libertades que se ven coaccionadas
bajo el temor de ser sancionados por Hacienda”.
“Nos parece aberrante que traten de imponerles a los
funcionarios donde pasar sus días libres, donde deben
residir sus familiares y si deben o no vivir con ellos,
además de donde gastar su dinero. Es absurdo que nos quieran
vender que cada vez que cogemos el barco para pasar el fin
de semana o unos días fuera dejemos de ser residentes”,
lamenta la UFP.
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‘Afectados por Hacienda’
