ACTUALIDAD - MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

CEUTA
A.M.
ceuta@elpueblodeceuta.com

El cobro de cantidades de dinero para la supuesta adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en Ceuta seguirá siendo una leyenda urbana basada solo en rumores. Al menos de momento, ya que el Juzgado de Instrucción número dos de Ceuta ha decidido archivar las diligencias previas incoadas a raíz de la investigación abierta por la Policía Nacional sobre las presuntas exigencias de cantidades de dinero que oscilarían entre los 6.000 y los 12.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO.

La magistrada titular del Juzgado número dos de Ceuta ha tomado esta decisión al no encontrar pruebas ni indicios suficientes de la existencia de ningún delito penal.

Hay que recordar que, según distintas informaciones, la investigación llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional se inició a raíz de unas conversaciones telefónicas obtenidas, con el objetivo tratar de determinar si existía la exigencia de pagos para garantizar el acceso a viviendas oficiales y, en ese caso, si las supuestas personas implicadas buscarían simplemente un lucro personal con los sobornos o si formarían parte de una trama de cobro de comisiones más amplia.

Como consecuencia de las citadas conversaciones, la Policía Nacional identificó a una persona por su presunta relación con las exigencias de comisiones para la supuesta adjudicación de VPO. Esta persona, al contrario de lo publicado por algún medio, no fue detenida sino puesta en busca y presentación tras la orden dictada por la juez, al encontrarse en paradero desconocido. Una vez localizada, prestó declaración ante el juzgado, negando todos los hechos.

Además, el grupo de investigación de la Policía Nacional identificó además a varias personas más presuntamente relacionadas con la presunta corrupción que rodea la adjudicación de viviendas tipo VPO. En este caso, por llevar a cabo los supuestos pagos, aunque sus testimonios tampoco han aportado nada importante.

Sin embargo, ni la Policía ni la autoridad judicial, han conseguido disponer, hasta ahora, de pruebas ni testimonios de peso sobre si han existido y cómo pudieron llevarse a cabo los supuestos pagos de comisiones para la adjudicación de VPO, por lo que el caso ha terminado sobreseído provisionalmente al no poder probarse la existencia de extorsión alguna.
 

Desviar la atención y provocar una corriente de opinión desfavorable

La Policía Nacional llevaba tiempo investigando la presunta exigencia de cantidades de dinero a cambio de tener la suficiente influencia como para facilitar la adjudicación de una vivienda de protección oficial. Sin embargo, esta investigación no salió a la luz pública hasta principios del pasado mes de julio, justo a raíz del escándalo surgido por la publicación de la ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar. Y no lo hizo de forma casual. Detrás de ello se encontraría el interés de diversos grupos mediáticos por atacar la imagen y credibilidad del exviceconsejero de Vivienda, Antonio López. La difusión de la noticia sobre que la Policía Nacional se encontraba detrás del cobro de comisiones, unida al halo de sospecha creado sobre el patrimonio de López, eran los ingredientes perfectos para desviar la atención de muchos ciudadanos, hartos de la corrupción política, y provocar una corriente de opinión desfavorable hacia el exviceconsejero, cuya figura quedaba gravemente dañada. Mientras que el Gobierno de Vivas se mantenía prudente y afirmaba que no le constaban “cobros ni regalos” para hacerse con las casas, los primeros en intentar relacionar la investigación policial con la aparición de la ‘lista fantasma’, fueron los dirigentes de Caballas, a los que luego se sumaron otros. En este sentido, la coalición enviaba un comunicado el pasado día 10 de julio, afirmando que ya existía “una investigación policial en curso y diligencias previas abiertas sobre el presunto pago de comisiones” y que desde hacía “algunos meses circula el rumor de que los aspirantes a ocupar una casa de Loma Colmenar se estaban viendo ‘obligados’ a pagar a determinados individuos supuestamente vinculados a EMVICESA y nos han llegado innumerables testimonios dando crédito a esta aseveración, por lo que tenemos la certeza de que esto ha ocurrido”, añadiendo justo a continuación que la lista de nombres publicados solo perseguiría “convalidar las prácticas corruptas jugando con la ilusión de las persona de buena fe que se vieron en la lista y crear un conflicto social”. Era la teoría ‘perfecta’. López quedaba tocado y ¿hundido?