Todo un reguero de construcciones ilegales han ido
proliferando en Ceuta. Se han extendido con un cáncer. La
inacción durante muchos años de las Administraciones han
provocado un efecto llamada de tal calibre que las pequeñas
casas construidas con cuatro tabiques y un techo, van
dejando paso a edificios enteros.
Este es el caso de la obra que se viene ejecutando en una
zona aledaña al edificio Polifuncional de la barriada El
Príncipe, ante la incredulidad de propios y extraños. Una
construcción ilegal denunciada que, lejos de ser una pequeña
obra para crear una vivienda, se trata de una construcción
de seis plantas que carece de cualquier permiso y que
incumple toda la normativa vigente.
La indignación es patente en muchos ciudadanos que perciben
nítidamente que se premia al infractor y que nunca se
derriba nada, preguntándose cómo puede alguien construir un
edificio de este calibre sin ninguna clase de permiso. Y
para mayor gravedad, junto a un edificio público como es el
Polifuncional del Príncipe.
Una construcción que no cumple las normas mínimas de
seguridad, tanto de la construcción como de los propios
trabajadores, también ilegales, lo que podría ocasionar una
desgracia de considerables dimensiones.
Desde que diera comienzo esta nueva legislatura, una de las
cuestiones donde ha puesto el acento el Gobierno de la
Ciudad Autónoma ha sido en las construcciones ilegales.
Gracias a una importante coordinación entre la Policía Local
y la Consejería de Fomento, se están tramitando numerosos
procedimientos, identificando estas construcciones y
llevándose a cabo la tramitación de las pertinentes
denuncias en busca del derribo definitivo de la misma, una
tarea que el propio consejero de Fomento, Nestor García
León, reconocía ayer que “no es nada fácil”.
La prueba es que pese a los continuos expedientes iniciados
y las denuncias efectuadas, estas construcciones ilegales
siguen produciéndose por diferentes puntos de la ciudad.
En este sentido, García León ponía de relieve este jueves
que aunque pueda parecer lo contrario, “los trámites legales
garantistas no son nuestros mejores aliados en este caso ya
que, como debemos cumplir, no puede ser de otra forma, con
todos ellos, esto provoca que las actuaciones se vayan
dilatando en el tiempo debido a los plazos burocráticos que
conlleva cada trámite, en referencia a las notificaciones,
alegaciones, contestaciones a estas alegaciones, etc., y por
muy rápido que vaya todo ello no se puede conseguir nada en
un periodo de tiempo que puede alargarse hasta los tres o
cuatro meses”, lamenta.
Pese a que la Ciudad trabaja a destajo para la erradicación
de este problema, ciertamente, tal y como así lo reconocía
ayer el consejero de Fomento, hasta que no se comience a
derribar este tipo de edificaciones ilegales, no se tomará
conciencia y no se producirá “ese punto de inflexión que
todos deseamos y que llevará a que dejen de desarrollarse
estas construcciones ilegales por la ciudad”, afirma
Entre las grandes dificultades que se está encontrando el
Gobierno de cara a estas actuaciones, además de los plazos
burocráticos, está la continuación de la ejecución de estas
obras pese a estar apercibidas y expedientadas en horas
intempestivas o en días festivos para evitar el control
policial, así como la falta de documentación de los
trabajadores y de los propietarios de dichas obras, lo que
ralentiza aun más todo el proceso, según confirmaban fuentes
oficiales consultadas.
En la actualidad, tal y como podido saber EL PUEBLO, hay
identificadas más de medio centenar de obras catalogadas
como ilegales, las cuales se reparten por diferentes puntos
de la ciudad, existiendo una mayor proliferación en la zona
del Príncipe, el Recinto y Patio Castillo, aunque tal y como
reconocía García León, existen otras muchas viviendas por
diferentes barriadas de la ciudad, incluso cerca de las
costas y las carreteras nacionales, que pese a que ya están
identificadas por la Ciudad Autónoma, estas son competencias
del Ministerio de Fomento y de la Delegación del Gobierno y
llevan unos trámites sancionadores distintos.
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