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Tras el informe realizado por los técnicos del Negociado de
Contratación, la consejera de Hacienda, Economía y
Administración Pública, Susana Román, a quien corresponde la
competencia en materia de contratación y Telecomunicaciones,
ha dictado un decreto en el que “ordena el inicio de un
expediente de revisión de oficio de la resolución del
Consejero de Hacienda, de fecha 12 de diciembre de 2014, por
la que se adjudicaba provisionalmente la concesión de un
programa para la explotación en régimen de gestión indirecta
del servicio público de televisión digital terrestre (TDT)
en la Ciudad Autónoma de Ceuta a Joaquín Ferrer y CIA S.L.”.
La consejera de Hacienda a adoptado esta decisión tras
reunirse “con los servicios jurídicos” de la Ciudad,
resolviendo dictar el citado decreto, “a fin de dar la mayor
cobertura legal y de seguridad jurídica a todos los
intervinientes”.
En este sentido, se nombra instructora del citado expediente
de revisión a una funcionaria Licenciada en Derecho adscrita
a la Consejería de Hacienda.
Además, como consecuencia de la apertura del expediente de
revisión, “se suspende la tramitación del procedimiento de
contratación” hasta su resolución.
González Bolorino
La conclusión del informe emitido por los técnicos de
Contratación, viene a respaldar las declaraciones del
director gerente de Ceuta Televisión, Manuel González
Bolorino, denunciando una serie de irregularidades en el
procedimiento de adjudicación de las licencia de TDT para
favorecer a la empresa Joaquín Ferrer y Cía, editora del
diario “El Faro”.
Bolorino ha venido subrayando que la documentación
presentada por Joaquín Ferrer y Cía “no se corresponde con
la realidad”, haciendo especial hincapié en la solvencia
técnica de la empresa editora del diario “El Faro”.
Vía penal
Independientemente del proceso administrativo en curso,
varias de las empresas que concurrieron a dicho concurso
público ya han anunciado que estudian presentar una querella
contra Rafael Montero Palacios, editor de ‘El Faro de Ceuta’
y Administrador Único de la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L.,
ya que afirman que “obró de mala fe presentando
documentación falsa para intentar cumplir los requisitos
técnicos de la convocatoria y obtener de manera fraudulenta
la concesión de una de las licencias de TDT”.
Además apuntan a “la falta de rigurosidad de los
representantes políticos presentes en las mesas de
contratación correspondientes a la licitación de las
licencias de televisión digital terrestre (TDT) , “al
aceptar documentación falsa sin comprobar su veracidad,
obviando los informes técnicos del Secretario General en
funciones, Miguel Angel Ragel, que informaba claramente de
que la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L. no reunía los
requisitos técnicos para optar al concurso, apartando al
citado técnico de la tramitación del expediente de
contratación y atendiendo a un informe jurídico externo
elaborado por un despacho con el que el interesado tiene
relación comercial y que basa su informe en los documentos
falsos”, afirman.
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Adjudicación licencias de Televisión
Digital Terrestre (TDT)
