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En el día de ayer se iniciaba la Comisión de Investigación
de las 317 VPO de Loma Colmenar, una sesión en la que sus
miembros habían decidido que comparecieran las personas que
asistieron a las Comisión Local de la Vivienda de la
anterior legislatura, iniciándose con su presidenta y
acabando por el personal de la empresa EMVICESA que
participó en ellas. La primera sorpresa que se ha llevado la
Comisión, o al menos el MDyC, es la excusa presentada por la
Susana Román, anterior presidenta de la Comisión Local de la
Vivienda, y Rabea Mohamed, vocal de la misma; la primera en
nombre de las dos, pues Mohamed se encuentra en Madrid,
alegando que debido al respeto que le merecen ambas
instituciones, prefieren declarar ante la Comisión después
de haberlo hecho en el Juzgado.
Desde el MDyC se ha resaltado que “ni entendemos, ni
comprendemos, ni, por supuesto, participamos de esta absurda
decisión de ambas diputadas. Mas que respeto, esta actitud
de dos cargos políticos del Gobierno de Vivas supone un
desprestigio de la Comisión, deben quedar separadas las
responsabilidades judiciales de las políticas y son éstas
las que debe discernir la Comisión; por lo tanto si dos
cargos políticos del presidente Vivas se niegan a comparecer
ante esta Comisión, aludiendo la supeditación a la
institución judicial, ¿para qué se ha constituido esta
Comisión?”, se cuestiona MDyC, desde donde también se
pregunta ¿qué objetivos busca el Gobierno con esta Comisión?
Desde el MDyC se ha recordado que ya se advirtiós, desde
antes de crearse, que se esperaba que esta comisión no fuera
un simple teatro o paripé y ayer “tuvo lugar el primer acto
de este sainete”, ya que quienes más tienen que aportar en
esta comisión “son los primeros que han decidido ocultar a
los representantes de los ciudadanos la verdad”,
manifestándose desde el MDyC que “es vergonzoso que los
trabajadores y funcionarios tengan que responder a preguntas
en una comisión de investigación y sus máximos responsables
en aquella época, eludan dar explicaciones, información y
utilizar la excusa de “respeto a la institución”.
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Caso Loma Colmenar
