En el día de ayer se iniciaba la Comisión de Investigación
de las 317 VPO de Loma Colmenar, una sesión en la que sus
miembros habían decidido que comparecieran los miembros de
la Comisión Local de la Vivienda de la anterior legislatura,
iniciandose con la de su presidenta, Susana Román, y
acabando por el personal de la empresa EMVICESA que
participó en ellas.
Así, pasados unos minutos de las 9:30 horas daba comienzo
dicha Comisión de Investigación en la sala de La Rotonda,
del Palacio Autonómico, y como estaba previsto la primera en
entrar fue Román, pero lejos de someterse a las preguntas de
los integrantes de la Comisión de Investigación manifestó
que no respondería a ninguna de las preguntas hasta que no
se presentara ante justicia para prestar declaración. Además
de excusarse ella, también excusó a la consejera de Asuntos
Sociales, Rabea Mohamed, que, pese a estar citada para ayer,
se encontraba en Madrid.
Esto provocó por tanto que ninguna de las dos integrantes
del Gobierno de la Ciudad se sometieran a las preguntas
pertinentes de la Comisión de Investigación, si haciéndolo
posteriormente tanto Mohamed Alí, de Caballas, como José
María Mas, del PSOE, no aportando ninguno de los dos
información novedosa sobre el asunto en cuestión. En este
sentido, tal y como ha podido saber este diario, Alí tan
sólo se limitó a negar que hubiera firmado ningún documento
ni ninguna lista, unas declaraciones lógicas ya que toda la
documentación de la Comisión de la Vivienda tan sólo la
firmaba la presidenta de la misma y la secretaria. Por su
parte, José María Más aseguraba que tan sólo acudió a una
reunión de la Comisión de la Vivienda, por lo que poco o
nada ha podido manifestar al respecto, centrándose por tanto
todo el proceso de ayer en las manifestaciones de los tres
funcionarios de Emvicesa.
A este respecto hay que destacar que existen distintas
versiones e interpretaciones de lo declarado por los
técnicos de la empresa de la vivienda, ya que los
testimonios se realizaron a puerta cerrada. A pesar de ello,
lo que si está confirmado es que los trabajadores
reconocieron que efectivamente existía un listado de
compromisos pendientes de la anterior promoción de las 170
VPO, que éste estaría compuesto por unas 90 personas y que
Susana Román había solicitado siete copias de del listado de
compromisos para entregarlo a los representantes en la
Comisión Local de la Vivienda, aunque según los testimonios
no queda claro si se llegaron a presentar en la Comisión de
la Vivienda celebrada el 21 de febrero, a pesar de que en el
acta de la citada Comisión consta textualmente que se
aprobaron “por unanimidad” el citado listado de compromisos.
El Gobierno suspende la Comisión
Al término de la Comisión de Investigación, la presidenta de
la misma, Mabel Deu, proponía a los presentes el no volver a
convocar a la Comisión hasta que no finalice el proceso
judicial iniciado. Esta propuesta fue rechazada por PSOE,
MDyC y Ciudadanos, alegando que esta Comisión de
Investigación lo que pretende es arrojar luz a todo este
proceso y depurar responsabilidades políticas que se hayan
podido producir, en ningún caso las responsabilidades
jurídicas, pero finalmente, el peso del voto del PP ha dado
como resultado que finalmente no se vuelva a convocar la
Comisión de Investigación hasta que no se finalice con el
proceso judicial abierto.
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