Esta vez sí. El ex viceconsejero de Vivienda y ex gerente de
Emvicesa, Antonio López, declaraba este martes ante la
magistrada del Juzgado de Instrucción nº1 de Ceuta. No
obstante, López solo accedió a responder a las preguntas de
su abogado y a las de la juez que instruye el caso, Raquel
Lucini.
Su declaración vino a ratificar lo que ya expresó en su
única manifestación pública tras destaparse el escándalo, a
través de un comunicado publicado en exclusiva por EL PUEBLO
el pasado 9 de julio. En este sentido, Lopéz reiteró ante la
juez que él no filtró la lista de adjudicatarios de las 317
VPO de Loma Colmenar a este diario, que el listado publicado
era con el que venía trabajando Emvicesa desde hacía meses y
que era conocido tanto por miembros del Gobierno como por
algunos de la oposición.
Eso sí, ayer ante la juez, Lopéz dio un paso más y puso
nombre y apellidos a las personas que conocían la lista
calificada de “fantasma”, asegurando que tanto la anterior
consejera de Fomento, Susana Román, como el portavoz de
Caballas, Mohamed Alí, conocían y disponían de una copia del
citado listado de adjudicatarios publicado por EL PUEBLO.
Esta manifestaciones realizadas por Antonio López
contradicen lo declarado por Susana Róman en el juzgado el
pasado 28 de julio, quién afirmó que “no tengo conocimiento
de ninguna lista ni sé cómo fue elaborada. No se quién
pudiera tener conocimiento de cómo fue elaborada esa lista”.
La lista no es tan fantasma ¿no?
Durante su declaración López hizo mención al acta de la
Comisión Local de la Vivienda celebrada el día 23 de febrero
de 2013, donde demuestra que no actuó por su cuenta y
riesgo, sino que la Comisión sometió “a votación la
aprobación y ratificación tanto del listado de
adjudicatarios (170 VPO) como del listado de compromisos
emitidos para la siguiente promoción, siendo ambas aprobadas
por unanimidad de los presentes con derecho a voto”, entre
los que se encontraban, entre otros, Susana Román, Rabea
Mohamed y Mohamed Ali.
En este sentido, Antonio López aportó ayer como pruebas el
citado acta de la Comisión Local de la Vivienda junto al
listado registrado de compromisos emitidos y aprobados según
ese mismo acta, en el que figuran una relación de 98
personas.
Ante las manifestaciones de López, la juez Raquel Lucini no
dudó en expresar en la sala que “entonces esa lista no es
tan fantasma, ¿no?”. A este respecto, López contestó que no
había cotejado la lista completa pero lo que sí podía
asegurar es que al menos “la relación de 98 compromisos
aprobados por unanimidad de la Comisión Local de la Vivienda
si aparecen incluidos en la lista publicada en el
periódico”.
¿Proceso ajustado a la legalidad?
Acto seguido la magistrada cuestionó a Antonio López sobre
la legalidad de emitir compromisos de adjudicación de
viviendas a personas que han renunciado a una adjudicación
previa, al entender que cuando se presenta una renuncia se
pierde todo derecho. A este respecto, López declaró que, en
los escritos firmados por él, solo se limitó a instar ante
la Comisión de Local a la adjudicación de viviendas a los
afectados, en los términos del Acuerdo Marco suscrito entre
el Ministerio de la Vivienda y la Ciudad Autónoma de Ceuta,
y que fue la citada Comisión la que aprobó por unanimidad de
los presentes con derecho a voto esa relación de
compromisos, recordando que el no tiene voto dentro de la
Comisión Local de la Vivienda.
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“Juan Vivas y Mohamed Alí pactaron aplazar la entrega de las
casas hasta después de la elecciones”
Otro aspecto que se abordó durante
la declaración del ex gerente de Emvicesa, Antonio López,
fue el aplazamiento de la entrega de las viviendas hasta una
vez finalizadas las pasadas elecciones autonómicas, que se
celebraron el 24 de mayo. A este respecto, López declaró que
dicha decisión se llevó a cabo tras el pacto entre el
presidente Vivas y el portavoz de Caballas, por entonces
primer partido de la oposición, Mohamed Ali. Lopéz añadió
que, para ello, se argumentaba que “en periodo de elecciones
era mejor no enfadar a 4.000 demandantes de viviendas para
contentar a solo 317”. También aclaró que en ningún momento
recibió ordenes ni instrucciones de paralizar todo el
proceso de baremación, selección y demás trámites que
estaban llevando a cabo el personal de Emvicesa, sino que
las instrucciones se ciñeron a paralizar la adjudicación y
entrega de las casas hasta pasadas las elecciones del pasado
mes de mayo.
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