La empresa Invercap reclama a la
Ciudad Autónoma 11,2 millones. La empresa exige 5,8 millones
por daños patrimoniales causados por la paralización de las
obras del complejo de Pasaje Fernández después de que se
encontraran restos arqueológicos en la parcela en 2009.
Además, también reclama 5,4 millones por la expropiación
forzosa que tiene que hacer la administración de la parte de
este terreno donde se encontraron restos arqueológicos y que
hasta ahora todavía sigue en poder de la mercantil.
Origen
El origen de esta reclamación se
remonta a 2009. En abril de ese año la mercantil obtuvo
licencia de ejecución de obras para la construcción de un
conjunto de viviendas en el solar sito en la confluencia
entre las calles Velarde, Ingenieros y Santander, nombrado
como ‘Complejo Pasaje Fernández’. Poco después de iniciar
los trabajos aparecieron restos de interés arqueológico, lo
que motivó que en el mes de diciembre y mediante decreto del
entonces consejero de Fomento se exigiera la modificación
del proyecto de ejecución y se paralizaran las obras
iniciadas hasta que se aprobara el nuevo proyecto.
El Gobierno renuncia a la
expropiación
El pasado mes de febrero, el
Consejo de Gobierno acordó, a propuesta de la consejera de
Cultura, desistir de la expropiación de la parte de Pasaje
Fernández en la que se encontraron restos arqueológicos y
que la Ciudad quiso poner en valor.
A pesar de que los restos fueron
declarados de interés público, el Portavoz señalaba tras el
Consejo de Gobierno que la decisión se ha tomado porque el
Ejecutivo “ha visto que no iba a recibir el bien que
pretendía”.
El Portavoz del Gobierno siguió
insistiendo en que la administración no iba a expropiar el
suelo, sino parte de una construcción. “Como eso no ha sido
posible y parece que no lo va a ser, poco sentido tiene
mantener vivo un expediente que no se va a culminar”, alegó
para justificar que fue por esta situación por la que se
pidió una valoración de todo el terreno y que situaba en más
de cinco millones de euros. Un coste que la Ciudad no está
dispuesta a asumir “para hacer un museo”. “La administración
no tiene el deber de soportar un gasto muy superior al
inicialmente previsto, porque el particular no haya cumplido
con el objetivo”, defendió el portavoz.
|