La Seguridad Privada siempre ha sido un sector en alza que
ha dejado de ser un instrumento auxiliar de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para pasar a ser un
completo. Sin embargo, la nueva ley, aunque les otorga a los
vigilantes más responsabilidades, no les da el respaldo
jurídico necesario para llevarlas a cabo y así lo entiende
la Asociación de Vigilantes de Seguridad Marea Negra.
“Jurídicamente nos han roto por la mitad”, asegura el
vicepresidente de la asociación, José Antonio Carbonell,
para explicar que no quedan claras las funciones y los
límites de los vigilantes.
Como ejemplo, cita el artículo 31 en el que se dice que los
agentes de seguridad privada serán agentes de seguridad
cuando presten servicio con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Carbonell critica que cuando hay
agentes ellos sean también una autoridad, pero cuando no,
sean “un ciudadano más”. “No puede ser que le des carácter
de autoridad a un maestro o un médico, que me parece muy
bien, y a mi no a pesar de que voy uniformado, con una
defensa y unos grilletes, y que estoy en la calle porque con
la nueva ley han abierto un abanico sorprendente para hacer
servicios en prisiones, acuartelamientos militares o
vigilancia de mujeres maltratadas entre otros”, señala el
vicepresidente de Marea Negra.
Carbonell lamenta “los vacíos legales” que, asegura, tiene
la nueva ley de Seguridad Privada y acusa al Ministerio del
Interior de no haber hecho su trabajo “bien”. Otro de los
vacíos que para él hay en la ley es el aspecto de la
formación. El vicepresidente de Marea Negra entiende que se
deberían paralizar los cursos ya que en la actualidad hay
más vigilantes de seguridad de los que el mercado puede
absorber. Para Carbonell, el sistema se debería regir de
forma parecida al de las oposiciones de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para evitar que haya se
devalúe la formación de este sector.
Por otro lado, el vicepresidente de Marea Negra denuncia que
la formación de reciclaje que las empresas están obligadas a
facilitarle a sus empleados cada año no se cursa. Algo por
lo que las empresas deberían ser sancionadas, matiza
Carbonell que lamenta que la formación es “insuficiente” y
el reconocimiento también para la tarea cada vez más
exigente del vigilante.
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