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Desde hace aproximadamente dos años, una planta de
tratamiento de escombros, al lado de un desguace de
vehículos también ilegal, opera de forma clandestina en una
parcela cercana a los polígonos del Tarajal. Al abrigo de
vaguada que se encuentra en la zona, junto a donde se pasa
la revisión de la Inspección Técnica de Vehículos, esta
actividad pasaba desapercibida, pero ha ido creciendo y
comiendo terreno de forma ilegal, según ha podido saber EL
PUEBLO, ya que carece de licencias y permisos para realizar
esta actividad. Por ello, a lo largo de este tiempo, tanto
Policía Local como Seprona, dependiente de la Guardia Civil,
ha denunciado esta actividad. Sin embargo, los responsables
no han cerrado el negocio y han seguido trabajando.
No obstante, la zona se encuentra en el punto de mira y esta
misma semana la Consejería de Fomento ha emitido un decreto
de clausura, según informaba ayer la Policía Local. Tras
recibir las denuncias y estudiar el caso, Fomento ha tomado
cartas en el asunto. Por ello, estaba previsto que ayer
mismo por la tarde unos agentes acudieran hasta la zona para
precintarla y evitar que se continúe trabajando. Sin
embargo, hasta las 21.00 horas que este diario estuvo en las
inmediaciones, ningún agente se personó en la planta para
clausurarla. Por tanto, se espera que el cierre se lleve a
cabo en los próximos días. De no acatarlo, la denuncia
llegaría hasta los juzgados para que se tomaran las medidas
oportunas.
La empresa, además de ilegal según la información
contrastada por EL PUEBLO, se ha convertido en un
competencia desleal para aquellas que están instaladas en la
ciudad y que cuentan con las licencias y permisos de Medio
Ambiente para acometer una actividad que puede ser altamente
tóxica. Y es que, sobre todo el desguace de vehículos
contiguo, conlleva la recogida de aceites y piezas que deben
ser tratadas por empresas autorizadas. Sin embargo, las
piezas que trata este negocio no se conoce dónde acaban.
Una de las empresas afectadas por esta actividad de recogida
de escombros , Makerel, ha contado a EL PUEBLO que incluso
han detectado que empresas como Dragados o Ferrovial, que se
encargan de la prisión y las obras de la frontera, pueden
estar entregando sus escombros a esta planta que no tiene
autorización para tratarlos. Esto, señalan desde Makerel,
está haciendo un daño serio a la estabilidad de aquellas
compañías que están pagando rigurosamente sus tasas y que
tienen una plantilla de empleados a la que mantener. Por
ello, si esta planta ilegal no es clausurada, Makerel ya
tiene previsto denunciar en el juzgado la actividad.
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Negocios ilegales
