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El despacho de abogados Infante & Peña, especializado en
Extranjería y con sede en Cádiz, presentó una denuncia
contra España ante la Comisión Europea y una petición en el
Parlamento Europeo “por la ‘regulación’ de las devoluciones
en caliente” al entender que “suponen una aberración
jurídica” y que “no concuerda” con la normativa comunitaria
sobre expulsión y devolución de inmigrantes, según informó
este viernes Europa Press.
Se trata de una denuncia contra la reforma de la Ley de
Extranjería que entró en vigor la pasada semana y que regula
el rechazo en frontera de los inmigrantes interceptados en
el salto de las vallas de Ceuta y Melilla.
Según explicó en declaraciones el abogado Alejandro Peña, la
denuncia ante la Comisión Europea se formalizó el 7 de abril
y la petición al Parlamento Europeo fue registrada un día
más tarde. En ambos casos, “se denuncia expresamente la
creación para una misma realidad fáctica de dos figuras
jurídicas diferentes según el lugar del territorio nacional
en el que se den: rechazo en frontera para la zona
fronteriza de Ceuta y Melilla y devolución para el resto del
perímetro”.
Asimismo, se denuncia que la directiva comunitaria de
Retorno “reconoce una serie de derechos en el procedimiento
de expulsión y de devolución” a los extranjeros que a juicio
de este despacho de abogados “no concuerdan” con la reforma
emprendida por el Gobierno de España, como el respeto al
principio de no devolución, el derecho de solicitar asilo,
el derecho de defensa y de recurso contra resolución o la
obligación de la administración de dictarla por escrito.
“Una vez se aprueba este tipo de medidas, nosotros a nivel
particular no podemos presentar un recurso de
inconstitucionalidad, así que la vía que nos queda es ir a
la Comisión Europea, encargada de controlar que las
directivas se cumplen en la trasposición a la normativa
propia”, explicó el letrado, para recordar que ya en 2007
consiguieron que se pronunciase tras una denuncia contra el
Reglamento que regulaba el régimen comunitario en España.
El pronunciamiento de la Comisión Europea en aquel momento
llegó después de una sentencia del Tribunal Supremo que
anulaba precisamente los artículos impugnados, que prohibían
trabajar a los ascendientes dependientes del ciudadano
comunitario y a sus hijos mayores de 21 años que dependieran
igualmente de él. La normativa europea sí permitía estos
extremos, por lo que tanto Bruselas como la justicia
española quitaron la razón al legislador.
Peña confió en que con el rechazo en frontera suceda algo
similar, ya que a su juicio “es una barbaridad y supone una
aberración jurídica que se cree una norma explícita para dar
cobertura a algo que es manifiestamente ilegal” y que
“supone saltarse a la torera derechos reconocidos por la
Directiva y en tratados internacionales creando una figura
con una situación ambigua”. En todo caso, el despacho
presentó también una queja ante el Defensor del Pueblo con
el mismo tenor.
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