Diez años después de los atentados terroristas del 11-M en
Madrid, la radicalización de una parte de la población
musulmana que vive en España es una realidad creciente que
los servicios de inteligencia y los tribunales intentan
atajar.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han censado
más de un centenar de personas que en los últimos dos años
han tratado de viajar a zonas de conflicto para unirse al
denominado Estado Islámico.
La Audiencia Nacional tiene 125 investigaciones abiertas por
presuntos actos de terrorismo yihadista. Desde el inicio del
conflicto bélico en Siria y, sobre todo, después del
atentado de París contra el semanario satírico ‘Charlie
Hebdo’, las autoridades españolas y las europeas mantienen
bajo vigilancia a varias decenas de posibles activistas
vinculados a círculos radicales, según indicaron fuentes
jurídicas.
Poco a poco las investigaciones policiales y judiciales han
desvelado el `modus operandi’ de un fenómeno difícil de
monitorizar, porque se basa en procesos aislados y
personales de concienciación de quienes pueden acabar
activándose para cometer atentados y que se alimentan,
principalmente, de informaciones y contactos a través de
redes sociales.
La mayor parte de esos activistas “dormidos” puede casarse,
tener hijos y mantener una aparente integración en su
entorno y, de pronto, desaparecer porque deciden pasar a
formar parte de una red de captación o de enlace, o incluso
emprender la guerra santa preparando atentados en Europa o
trasladándose a la Siria o Iraq.
Según los expertos que analizan el fenómeno de
radicalización yihadista, el nicho de captación de
activistas radicales es el de musulmanes de nacionalidad
española o hijos de antiguos inmigrantes. Los musulmanes
recién llegados no se suelen radicalizar.
España empezó a acoger a musulmanes, en su mayoría
marroquíes, hace solo un par de décadas. Por eso, ahora es
uno de los países europeos que menos yihadistas envía a los
conflictos de Siria o Iraq, pese a acercarse ya al centenar,
la mitad de ellos provenientes de Ceuta o Melilla.
En países como Francia, Gran Bretaña o Bélgica el perfil de
los muyahidines también corresponde a jóvenes radicalizados
de segundas generaciones de islamistas que ya tienen la
nacionalidad de sus países receptores, pero allí la
población musulmana tiene una tradición de asentamiento
mucho más dilatada.
A la fiscalía le preocupa especialmente el auge del ideario
más extremo entre mujeres y jóvenes. El mapa de la
radicalización es claro. Los focos más activos se dan en las
dos ciudades autónomas norteafricas (Ceuta y Melilla),
Cataluña, Madrid, Murcia y algunos otros puntos de Levante.
En los procesos de captación de adeptos tiene un papel
fundamental la propaganda. Según han detectado las fuerzas
de seguridad, los extremistas ofrecen a nuevas generaciones
de musulmanes descontentos y afectados por los efectos de la
crisis un panorama alentador.
Además de convertirse en los guardianes y defensores del
Islam y en vengadores de las afrentas del mundo occidental,
pueden aspirar a convertirse en personas relevantes en las
zonas de conflicto, donde pueden acabar teniendo sueldos de
varios miles de euros, impensables en su entorno laboral
habitual, y, además, contarán con la posibilidad de tener
una o varias esposas fieles a la doctrina de Mahoma.
Ahí es donde la captación de mujeres empieza a tener un
papel relevante. Las operaciones policiales contra redes de
captación centradas en ellas se han multiplicado. El pasado
17 de diciembre se realizó una en la que resultaron
detenidas cinco personas, cuatro de ellas mujeres, en Ceuta,
Melilla y Cataluña, los centros de adoctrinamiento más
activos.
Este mismo mes, otra mujer resultó detenida por las
autoridades turcas cuando trataba de cruzar clandestinamente
la frontera con Siria acompañada de su hijo de tres años, al
que instruía sobre la importancia de “degollar policías”.
Ellas juegan un doble papel en la estrategia del Estado
Islámico, por un lado se convierten en luchadoras y por otra
contribuyen a la normalización de unas poblaciones que con
el tiempo puedan realmente tener una estructura de Estado.
Según los datos del padrón municipal recogidos por la Unión
de Comunidades Islámicas de España, hay cerca de 1.750.000
musulmanes en el país, lo que constituye alrededor del 3,6%
de la población española total. De los citados el treinta
por ciento es de nacionalidad española.
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