|
CCOO advierte que las noticias aparecidas sobre inmigración
deben llevar a reflexionar sobre qué política de migración
se quiere y qué prácticas se están desarrollando al
respecto.
Ayer se conocía una nueva y trágica catástrofe en las costas
italianas donde centenares de personas podrían haber perdido
la vida, mientras que las Administraciones comunitaria e
italiana siguen mirando para otro lado, restringiendo los
programas y los medios preventivos adecuados para gestionara
dichos flujos desde un enfoque humanitario que garantice la
protección de las personas.
Al mismo tiempo, en un hecho sin precedentes, la imputación
de 16 miembros de la Guardia Civil por el Juzgado de
Instrucción de Ceuta por un presunto delito de homicidio
imprudente respecto a la trágica muerte, hace justo un año,
de 15 personas en aguas de El Tarajal en Ceuta se hace
visible, tal y como manifiesta CCOO, la respuesta de una
Administración, como la española, que “sólo valora la
cuestión migratoria como de orden público, que únicamente
merece una respuesta represiva de carácter policial, donde
lamentablemente el respeto a los derechos humanos y las
garantías fundamentales (entre ellos, el derecho a la
integridad y el derecho a la dignidad de las personas) no
son garantizados”.
Para CCOO resulta “sorprendente y clamoroso” el silencio del
Gobierno al respecto y la ausencia de responsabilidades ante
un hecho de tamaña entidad.
Desde la central sindical se manifiesta que “actuaciones
como las de dar instrucciones para que los guardias civiles
lanzaran bolas de goma sobre personas en situación de riesgo
–náufragos, realmente- sin prever las consecuencias o las
infamantes y mal llamadas devoluciones en caliente que otro
Juzgado está investigando, que suponen actuaciones
prevaricadoras toda vez que vulneran la normativa reguladora
sobre las actuaciones administrativas en frontera por parte
de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado afectando
incluso al derecho de asilo, deben ser rechazadas publica e
institucionalmente con todo el peso y la rotundidad del
Estado de Derecho”.
Por ello, desde CCOO se exige la dimisión del director
general de la Guardia Civil por ser “el responsable último
de dichas prácticas aberrantes” realizadas por funcionarios
a su cargo. Asimismo, el sindicato pide una revisión de los
procedimientos a fin de garantizar (desde la perspectiva del
respeto a los derechos de las personas) que se ajustan a la
legalidad, así como que los funcionarios intervinientes
conozcan de manera clara sus obligaciones y
responsabilidades, evitando actuaciones irregulares o
arbitrarias.
|
Inmigración
