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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha
solicitado que se depuren responsabilidades “penales y
políticas” tras la imputación de 16 guardias civiles por la
muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en un asalto masivo a
la frontera ceutí ocurrido el 6 de febrero de 2014.
En un comunicado, CEAR señala que la imputación se produce
después de que en la playa del Tarajal perdieran la vida 15
personas “intentando alcanzar a nado suelo español mientras
agentes de la guardia civil utilizaban, de manera
desproporcionada, material antidisturbios”.
CEAR, que fue una de las asociaciones que se personó como
acusación particular en el proceso judicial abierto,
considera que es necesario que se “produzca una reparación a
las familias de las víctimas”. En su opinión, la jueza que
instruye el caso, María del Carmen Serván, ha dado un “paso
adelante” citando a declarar a varios miembros de la Guardia
Civil que estuvieron presentes la mañana de los hechos en el
despliegue organizado en la playa del Tarajal.
Según consta en las diligencias, el capitán imputado era la
máxima autoridad que se encontraba aquel día al mando de la
operación y, por lo tanto, ahora “el Juzgado de Instrucción
deberá determinar si actuó unilateralmente tomando sus
propias decisiones o si recibía órdenes de un superior
jerárquico”, apunta CEAR. La organización advierte de que
estarán “atentos” a las declaraciones de los 16 imputados y
a la determinación de la jueza de si la utilización del
material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo se
produjo dentro de los parámetros de la proporcionalidad.
“Es la primera vez, desde que se iniciaron las actuaciones,
que agentes de la guardia civil comparecerán ante el juzgado
ya que hasta el momento la jueza había tenido conocimiento
de su versión de los hechos mediante un informe elaborado
por la Policía Judicial de la Comandancia en Ceuta que
recopilaba las declaraciones de los presentes ese día”,
afirma la organización.
CEAR celebra que se haya producido este avance en el proceso
y espera que “por fin se dejen de producir dilaciones
judiciales con el fin de que se agilice el procedimiento”.
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