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El portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, aseguró ayer que
frente a la denuncia interpuesta por Invercap la Ciudad
cuenta con unos expedientes “muy bien documentados” y señaló
que estos no se pueden resolver desde el puntod e vista
político. “Hace tiempo que dije que veía difícil que se
llegara a un acuerdo por la vía administrativa, porque no se
puede llegar a un acuerdo a espaldas de lo que opinen los
técnicos”, manifestó.
“La Ciudad ha hecho lo que tenía que hacer, analizar los
restos, catalogarlos y ordenar que se aplique lo que dice la
ley. Si esta administración no hubiera querido poner en
valor los restos, no hubiéramos acordado la expropiación de
parte del solar”, trasladó ayer Carreira para añadir: “Es
verdad que como consecuencia de la imposibilidad de llevar a
cabo el acuerdo del Consejo de Gobierno, este pidió una
valoración del conjunto del solar y esa valoración superaba
los cinco millones de euros, pero con un informe
complementario que está terminando el técnico de fomento, es
posible que llegue a los seis y medio”. Una cifra que,
adelantó el portavoz, la administración no está dispuesta a
desembolsar. “Sería desproporcionado gastarse más de ocho
millones de euros para hacer un museo”, apostilló para
asegurar que esta sería una decisión “que tendría que
adoptar la administración arrastrada por el incumplimiento
de la promotora del acuerdo inicial”. Un acuerdo del que,
destacó Carreira, la administración “se siente orgullosa” y
“nada culpable” de las consecuencias que ahora puede llevar
al Gobierno ante la justicia.
Sin acuerdo
“Para que la solución satisfaga a ambas partes tiene que ser
legal”, apuntaba Carreira que decía que, aunque entiende los
problemas que atraviesa la promotora y lo siente, el acuerdo
no atendería al interés general.
Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo quiso defender que
si no se ha cumplido con la expropiación no ha sido por
falta de presupuesto. “El presupuesto de la Ciudad podía
atender el pago del bien entregado en el momento que fuera,
el problema es que el pago no se puede efectuar hasta que
uno no recibe el bien, y lo que querían -la promotora- es
que le adelantásemos el pago”, insistió Carreira.
Por último, el portavoz recalcó que si la promotora hubiera
construido las viviendas, respetando el “cascarón” donde se
encontraban los restos y en donde se preveía un museo, y
desde la administración no hubiera respondido “la querella
estaba servida”. “Pero aquí el caso es al revés”, sentenció
para añadir que llevan esperando cuatro años a que las
viviendas se construya.
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Fomento / Expropiación Pasaje Fernández
