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Tranquilidad. Esta fue la primera imagen que quiso trasladar
ayer el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, tras
conocerse que Invercap, la promotora del complejo de
viviendas Pasaje Fernández, ha denunciado al presidente de
la Ciudad, Juan Vivas, y a todos los miembros de su gobierno
por presuntos delitos de prevaricación continuada, estafa y
amenazas contra el patrimonio de la empresa. El también
consejero de Hacienda compareció por la mañana para
contestar a la información publicada ayer por EL PUEBLO
sobre la denuncia de Invercap y lo primero que dijo es que
el Gobierno “está absolutamente tranquilo”.
“Miren mi cara y observen si tengo algún signo de
nerviosismo, y exactamente igual están los rostros del resto
de miembros que componen el Consejo de Gobierno”, espetó
Carreira para asegurar que esa “tranquilidad” se debe a que
se han hecho las cosas bien y que se ha defendido
“exclusivamente” el interés general de todos los ciudadanos
“sin perjudicar intereses de terceros”. “Pero, este gobierno
no va a evitar la defensa del interés general para evitar
una confrontación no deseada o un desgaste de su propia
imagen”, apuntó el portavoz queriendo dejar ver que la
denuncia sólo pretende atacar al Gobierno.
Restos arqueológicos
“Contra una mentira lo único que podemos hacer es
desmentirla”, manifestó Carreira para afirmar que el
Gobierno estaría encantado de que se abriera una
investigación sobre la expropiación de parte de la parcela
de Pasaje Fernández para dar a conocer “toda la verdad”.
“Así se acabaría el debate”, recalcó. Pero como esto aún no
ha ocurrido. El portavoz quiso exponer la versión de la
Ciudad que defiende que si no cumplió con la expropiación es
porque la promotora no ha construido la fase tres del
complejo, donde la administración iba a expropiar la parte
del subsuelo, mientras que el resto iba destinado a
viviendas. Así, sin el edificio en pie, Carreira afirmó que
no había bien que se pudiera expropiar.
Pero antes, el portavoz se remontó al origen de la cuestión.
“Esta empresa obtuvo una licencia para construir en la zona,
donde ya hay una construcción hecha, y la parcela tenía una
calificación urbanística que suponía, y era de conocimiento
público, que quien fuese a adquirirla tendría un altísimo
porcentaje de encontrar restos arqueológicos”, expuso para
añadir que la empresa decidió asumir ese riesgo. Alguien
decide asumir ese riesgo. “En el momento en que aparecen los
restos, los servicios técnicos de Cultura emiten el informe
correspondiente y consideran que esos restos requieren una
especial protección desde el punto de vista de la Ley de
Patrimonio Histórico”, recordó Carreira para explicar que
tras esa valoración se reunió la Comisión de Patrimonio
Histórico y elaboró un informe que elevó al Consejo de
Gobierno proponiendo que los restos se conservaran ‘in situ’
y que se pusieran en valor para ser visitados.
“En atención a esta consideración de la comisión, el Consejo
de Gobierno acordó en 2011 no expropiar el suelo donde
aparecieron los restos, sino una parte de la construcción
que ahí se iba a hacer”, matizó Carreira para hacer hincapié
en que este era un dato “clave”, ya que señaló que el
acuerdo con la promotora recogía expropiar una parte del
subsuelo una vez hecha la construcción del edificio.
No obstante, el portavoz contó como al mismo tiempo que se
decide poner en valor los restos se ordenó a la empresa que
procediera a la excavación de la zona para que se
confirmaran los restos, sin perjuicio de que la licencia de
construcción no se paralizó, aunque sí se pidió la
modificación del proyecto. Cambios cuyo gasto asumió la
promotora, y que según dijo Carreira ahora la Ciudad está
estudiando indemnizar por un valor de en torno a 400.000 o
500.000 euros en concepto de daños patrimoniales. Mientras,
en cuanto a la expropiación, Carreira siguió explicando que
tras llegar a un acuerdo con la promotora en 2011, entre
marzo y abril de 2013, técnicos de la Ciudad acudieron al
Registro de la Propiedad para inscribir el bien que se había
acordado expropiar y el registrador les dijo que no se podía
inscribir un bien que no existe porque no se había
construido.
Datos desconocidos
“El registrador propuso que en lugar de proceder a intentar
hacer una expropiación que resultaba imposible, no porque el
Gobierno hubiera decaído en su voluntad, sino porque la otra
parte tenía que presentar el bien a expropiar y no lo había
hecho, que se formalice a través de un convenio urbanístico
esta misma operación”, trasladó ayer el portavoz. Carreira
contó cómo este convenio recogía el valor de lo que
futuramente se fuera a construir y a entregar a la Ciudad, y
al mismo tiempo lo que la Ciudad le iba a dar a la promotora
en bienes o capital suficiente. La tasación, según apuntó el
portavoz, se realizó en torno a 1,3 o 1,4 millones. Aunque
hasta ahora, el propio Gobierno había informado de que eran
1,6 millones de euros.
No obstante, según alegó Carreira dando a conocer una
versión hasta ahora desconocida, este convenio no se llevó a
cabo por que el interventor no lo fiscalizó favorablemente
al creer que no se podía firmar si no había una clara
evidencia de que la Ciudad iba a recibir ese bien. “El
interventor no ve el bien a recibir, porque las condiciones
en las que se encuentra la promoción no aconsejan firmar ese
convenio”, aseguró el portavoz para añadir: “A partir de ahí
la promotora echa la culpa al Gobierno de todo el fracaso de
sus expectativas”.
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Fomento / Expropiación Pasaje Fernández
