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El próximo día 15 se cumplirán 29 meses desde el día en que
el agente de Policía Nacional Juan Ferrer fue atacado en las
cabañas de Miguel de Luque. Recibió tres puñaladas que le
han truncado la vida y por las que el fiscal ahora pide para
el presunto agresor una pena de prisión de siete años y
medio, además de una multa de 38.000 euros. Una pena que a
Juan y a su mujer, Susana, les parece irrisoria y así lo han
denunciado a EL PUEBLO. El matrimonio, que tras lo ocurrido
decidió salir de Ceuta por miedo a represalias del entorno
del detenido, se ha enterado por los medios de comunicación
de la calificación del fiscal que pide siete años y medio de
condena por un delito de tentativa de homicidio.
“Si ya lleva 29 meses en prisión preventiva, en unos pocos
más este hombre puede estar en la calle”, lamenta Juan que
se pregunta si ese tiempo es lo que vale la vida de una
persona. “No estamos hablando de que le han pegado una
pedrada a un policía nacional, sino que le han cortado el
cuello, le han rajado la mano, y le han pinchado dos veces
en el pecho, una en el corazón, con la que fue a matar, y
otra en el lado del pulmón”, recuerda este agente que ha
tenido que dejar el servicio debido a las secuelas que
sufre, entre ellas un 57% de discapacidad en la mano derecha
que le hace depender de su mujer para tareas diarias como la
de abrocharse la camisa. “Nos han destrozado la vida”,
cuentan abatidos Juan y Susana, para quienes les parece un
agravio comparativo que se lleguen a imponer penas de cárcel
por manifestarse y que el intento de asesinato se pueda
saldar “con algo más de tres años”. “Eso es un regalo para
el culpable y nosotros que somos las víctimas nos sentimos
indefensos”, aseguran.
Juan señala que desde el Cuerpo de Policía Nacional son
muchos los compañeros que creen injusto que se aplicara esta
pena al acusado. “Pienso en los compañeros que a diario
están en el Tarajal, o en los casos de yihadismo que se
están dando, y me preocupa”, señala este agente para quien
en su caso se debería aplicar una condena ejemplarizante.
“Esta calificación es un efecto llamada, porque la gente
sabe que atacar a un policía le va a costar sólo tres años”,
advierte indignado. Y es que, él no se siente protegido ni
representado por la Justicia y así lo traslada. Cree que
esta ley no es adecuada y pide penas más duras para casos
como el suyo para que no se vuelva a repetir. Además, espera
que el fiscal reconsidere la calificación, aunque esta se
ajusta al Código Penal.
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El matrimonio, exiliado de Ceuta, vive con el temor
constante de sufrir represalias
Son las víctimas, pero se sienten
encarcelados. Así explican Juan y Susana cómo es su vida
tras la agresión que sufrió él en Miguel de Luque y que casi
acaba con su vida. Tras el suceso, ambos decidieron
trasladarse a la península por miedo a sufrir represalias
del entorno del acusado. “Mi mujer es la única que la ha
visto y tememos que quieran acabar con el testigo”, afirma
este agente de policía que recibió varias puñaladas cuando
acudió al ambigú de las caballas tras escuchar ruidos. Desde
entonces viven con miedo y casi en el anonimato para evitar
ser encontrados. Para ellos, el día a día se ha convertido
en una odisea, tanto por las secuelas físicas que sufre él
como por las secuelas psicológicas que les han quedado a
ambos, y así lo trasladan para que su caso no vuelva a
ocurrir. Y es que, no se sienten respaldados por la Justicia
y por eso sienten miedo.
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Ataque a un policía nacional en 2012
