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política - MIÉRCOLES, 14 DE ENERO DE 2015


Francisco Márquez, diputado del PP. e.p.

  Venta Terrenos de Huerta Molino
 

MDyC: “La venta del solar de Huerta Molino no cuenta con sustento legal”

A finales de noviembre del año pasado, la GIUCE emite un informe aclarativo a petición de la empresa que viene a demostrar que el expediente de la venta del terreno de ‘Huerta Molino’ podría haberse realizado sin un sustento legal lo que provocaría retrotraer la operación e incluso una posible indemnización a la empresa compradora

CEUTA
El Pueblo
ceuta
@elpueblodeceuta.com

El partido localista Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) del que forma parte la diputada no adscrita de la Asamblea, Fatima Hamed, emitió ayer un comunicado en el que denuncia que la venta de los terrenos de Huerta Molino a la empresa Edificios Clásico del Revellín S.L. de la familia Bulaix, podría haberse realizado “sin un sustento legal, lo que provocaría retrotraer la operación e incluso la indemnización a la empresa compradora”.

Tal consideración se desprende del informe aclarativo emitido por la GIUCE a petición de la empresa, al que ha tenido acceso EL PUEBLO y que viene a demostrar tal circunstancia.

Para MDyC el informe de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE) pone “contra las cuerdas”, de ahí que se haya manifestado desde el partido localista que “toda aquella agresividad verbal por incumplimiento de un contrato de una empresa se quedará en agua de borrajas, aunque se siga insistiendo en recurrir y recurrir ante superiores instancias, pues las costas no las paga de su bolsillo”.

La formación a la que pertenece Hamed, recuerda que en diciembre de 2013, los medios de comunicación avanzaban que el Consejo de Estado señalaba que la empresa Edificios Clásicos del Revellín S.L. debía devolver a la Ciudad el terreno de Huerta Molino y una indemnización por el incumplimiento del contrato de compraventa. Un año más tarde, en octubre de 2014, era Servicios Tributarios quien reclamaba 825.000 euros a la empresa por la indemnización y el recargo.

Pues bien, a finales de noviembre del año pasado, la GIUCE emitía el citado informe que indica que existía un Plan Especial denominado PR-2 “Huerta Molino”, y sobre éste se basaron dos Planes Especiales de una parte de ese sector. El primero, nunca se ha aprobado y los otros dos planes parciales se hicieron en abril de 1996 y en junio de 2005.

El informe señala ademas que “entendemos que no existe cobertura urbanística para haberse tramitado y aprobar definitivamente un plan especial de menor rango”, añadiendo que “existiendo además sendos informes desfavorables a la aprobación de dicho documento, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y del Ministerio de Fomento (Dirección General de la Vivienda y Urbanismo).”

La actual subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento firmaba un informe sobre el primer Plan en el que denunciaba que “el expediente está plagado de defectos de todo tipo, formales y sustanciales” y añadía “todo el procedimiento seguido hasta la fecha está viciado desde su origen, dado que no existe posibilidad legal alguna que ampare la elaboración de un instrumento de este tipo, sobre dichos suelos”, argumentando que “debe tenerse en cuenta que el PERI nº 2 al que debe someterse el que ahora se tramita no existe (…) y una actuación en beneficio de un particular está hipotecando a futuro todas las condiciones urbanísticas del PERI”.

A este respecto, desde MDyC se denuncia que a pesar de constar todos estos informes en los distintos expedientes de ‘Huerta Molino’, “el desgobierno de Vivas decidió poner a la venta un solar que no tenía la base legal para urbanizarse, en el que hay grandes diferencias en los metros de edificabilidad (dice el informe “en concreto por un exceso de 11.649 m2, desconociéndose el procedimiento legal utilizado para incrementar la edificabilidad del ámbito”), ya tenían previsto agarrar tres millones de euros, así que como una nimiedad legal podía estropear tan gran negocio”.

En este sentido la empresa defiende que se les ha “estafado”, pues se le vendió un solar sin acuerdo legal que les permita construir por lo que solicitan la anulación del contrato y una indemnización. Cuestión que, tal y como avanza el partido localista, “tendremos que abonar todos los ceutíes después de pasar por unas cuantas apelaciones, que también costearemos entre todos”.

Precisamente, ante esta cuestión, MDyC no duda en resaltar que se trata de otro ejemplo más, en el que el presidente Vivas vuelve a “anteponer otros intereses por encima del de todos los ciudadanos y ciudadanas”, destacando que si desde un primer momento se hubieran seguido las instrucciones de los técnicos “no nos encontraríamos ahora con este embrollo, típico de esta administración que sólo busca dinero para poder mantenerse”.

Para finalizar, desde el MDyC se ha exigido la asunción de responsabilidades políticas con el cese inmediato del diputado Márquez como miembro de ese “desgobierno”, además de “ser el responsable de dicho contrato”. Igualmente, y tras los informes jurídicos y técnicos necesarios, se ha instado al Gobierno a decidir por el Pleno de la Asamblea la opción menos gravosa para la ciudad, además de avanzar que la formación localista se reserva las acciones legales que estimen oportunas por si estos hechos fueron constitutivos de algún delito.
 


Un expediente “plagado de defectos”

La actual subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento firmaba un informe sobre el primer Plan en el que denunciaba que “el expediente está plagado de defectos de todo tipo, formales y sustanciales” y añadía “todo el procedimiento seguido hasta la fecha está viciado desde su origen, dado que no existe posibilidad legal alguna que lo ampare”.
 


MDyC pide el cese inmediato de Márquez

Desde el MDyC se ha exigido la asunción de responsabilidades políticas con el cese inmediato del diputado Márquez como miembro de ese “desgobierno de Vivas”, además de “ser el responsable de dicho contrato”. Igualmente también ha solicitado que sea el Pleno de la Asamblea el que apruebe la opción menos gravosa para solucionar esta situación generada por el Gobierno.
 


La empresa asegura que ha sido “estafada”

La empresa Edificios Clásico del Revellín S.L., defiende que se les ha “estafado”, pues se le vendió un solar sin acuerdo legal que les permita construir por lo que solicitan la anulación del contrato y una indemnización. Cuestión que, tal y como avanza el partido localista, “tendremos que abonar todos los ceutíes después de pasar por unas cuantas apelaciones, que también costearemos entre todos”.
 


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