El partido localista Movimiento por la Dignidad y la
Ciudadanía (MDyC) del que forma parte la diputada no
adscrita de la Asamblea, Fatima Hamed, emitió ayer un
comunicado en el que denuncia que la venta de los terrenos
de Huerta Molino a la empresa Edificios Clásico del Revellín
S.L. de la familia Bulaix, podría haberse realizado “sin un
sustento legal, lo que provocaría retrotraer la operación e
incluso la indemnización a la empresa compradora”.
Tal consideración se desprende del informe aclarativo
emitido por la GIUCE a petición de la empresa, al que ha
tenido acceso EL PUEBLO y que viene a demostrar tal
circunstancia.
Para MDyC el informe de la Gerencia de Infraestructuras y
Urbanismo de Ceuta (GIUCE) pone “contra las cuerdas”, de ahí
que se haya manifestado desde el partido localista que “toda
aquella agresividad verbal por incumplimiento de un contrato
de una empresa se quedará en agua de borrajas, aunque se
siga insistiendo en recurrir y recurrir ante superiores
instancias, pues las costas no las paga de su bolsillo”.
La formación a la que pertenece Hamed, recuerda que en
diciembre de 2013, los medios de comunicación avanzaban que
el Consejo de Estado señalaba que la empresa Edificios
Clásicos del Revellín S.L. debía devolver a la Ciudad el
terreno de Huerta Molino y una indemnización por el
incumplimiento del contrato de compraventa. Un año más
tarde, en octubre de 2014, era Servicios Tributarios quien
reclamaba 825.000 euros a la empresa por la indemnización y
el recargo.
Pues bien, a finales de noviembre del año pasado, la GIUCE
emitía el citado informe que indica que existía un Plan
Especial denominado PR-2 “Huerta Molino”, y sobre éste se
basaron dos Planes Especiales de una parte de ese sector. El
primero, nunca se ha aprobado y los otros dos planes
parciales se hicieron en abril de 1996 y en junio de 2005.
El informe señala ademas que “entendemos que no existe
cobertura urbanística para haberse tramitado y aprobar
definitivamente un plan especial de menor rango”, añadiendo
que “existiendo además sendos informes desfavorables a la
aprobación de dicho documento, del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y del Ministerio de
Fomento (Dirección General de la Vivienda y Urbanismo).”
La actual subdirectora general de Urbanismo del Ministerio
de Fomento firmaba un informe sobre el primer Plan en el que
denunciaba que “el expediente está plagado de defectos de
todo tipo, formales y sustanciales” y añadía “todo el
procedimiento seguido hasta la fecha está viciado desde su
origen, dado que no existe posibilidad legal alguna que
ampare la elaboración de un instrumento de este tipo, sobre
dichos suelos”, argumentando que “debe tenerse en cuenta que
el PERI nº 2 al que debe someterse el que ahora se tramita
no existe (…) y una actuación en beneficio de un particular
está hipotecando a futuro todas las condiciones urbanísticas
del PERI”.
A este respecto, desde MDyC se denuncia que a pesar de
constar todos estos informes en los distintos expedientes de
‘Huerta Molino’, “el desgobierno de Vivas decidió poner a la
venta un solar que no tenía la base legal para urbanizarse,
en el que hay grandes diferencias en los metros de
edificabilidad (dice el informe “en concreto por un exceso
de 11.649 m2, desconociéndose el procedimiento legal
utilizado para incrementar la edificabilidad del ámbito”),
ya tenían previsto agarrar tres millones de euros, así que
como una nimiedad legal podía estropear tan gran negocio”.
En este sentido la empresa defiende que se les ha
“estafado”, pues se le vendió un solar sin acuerdo legal que
les permita construir por lo que solicitan la anulación del
contrato y una indemnización. Cuestión que, tal y como
avanza el partido localista, “tendremos que abonar todos los
ceutíes después de pasar por unas cuantas apelaciones, que
también costearemos entre todos”.
Precisamente, ante esta cuestión, MDyC no duda en resaltar
que se trata de otro ejemplo más, en el que el presidente
Vivas vuelve a “anteponer otros intereses por encima del de
todos los ciudadanos y ciudadanas”, destacando que si desde
un primer momento se hubieran seguido las instrucciones de
los técnicos “no nos encontraríamos ahora con este embrollo,
típico de esta administración que sólo busca dinero para
poder mantenerse”.
Para finalizar, desde el MDyC se ha exigido la asunción de
responsabilidades políticas con el cese inmediato del
diputado Márquez como miembro de ese “desgobierno”, además
de “ser el responsable de dicho contrato”. Igualmente, y
tras los informes jurídicos y técnicos necesarios, se ha
instado al Gobierno a decidir por el Pleno de la Asamblea la
opción menos gravosa para la ciudad, además de avanzar que
la formación localista se reserva las acciones legales que
estimen oportunas por si estos hechos fueron constitutivos
de algún delito.
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La empresa asegura que ha sido “estafada”
La empresa Edificios Clásico del
Revellín S.L., defiende que se les ha “estafado”, pues se le
vendió un solar sin acuerdo legal que les permita construir
por lo que solicitan la anulación del contrato y una
indemnización. Cuestión que, tal y como avanza el partido
localista, “tendremos que abonar todos los ceutíes después
de pasar por unas cuantas apelaciones, que también
costearemos entre todos”.
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