Aunque el asunto no sea haya tratado en el Consejo de
Gobierno, estaba claro que el tema estrella de la rueda de
prensa ofrecida por el portavoz del Gobierno, Emilio
Carreira, tras la reunión semanal de este órgano, iba a ser
el del rifirrafe político que mantienen socialistas y
populares por las denuncias realizadas por los primeros
sobre el traslado de lodos de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR). Los del PSOE denunciaron que el
Gobierno había adjudicado de forma poco reglada el servicio
durante un año a la empresa Ecoceuta, además de hacer ver la
existencia de una diferencia económica entre el precio que
percibe Ecoceuta, la empresa que presta el servicio de
transporte de lodos hasta un vertedero de la Costa del Sol,
y lo establecido en el pliego de condiciones que rige la
concesión en manos ahora mismo de la UTE. La diferencia
entre unos precios y otros es de casi 400 euros por cada
camión de lodos que se llevan a la península.
Carreira ofreció una información complementaria sobre todo
lo acontecido con este asunto, reconociendo que las últimas
facturas emitidas por la UTE conformada por Joca y ACC, esto
es, las de julio, agosto, “están mal confeccionadas y que
fueron rechazadas por el servicio de intervención, que fue
el que se apercibió del error”, por que las mencionadas
facturas no ha sido tales .
Para Carreira, el diagnóstico que dieron tanto la consejera
de Fomento, Susana Román, como el gerente de Acemsa, Juan
Manuel Sánchez, “fue acertado” y dijo que el consejo de
administración de la empresa municipal, “con el voto
favorable de todo el mundo autorizó a la sociedad hacerse
cargo de la puesta en marcha de la planta”, por lo que era
esta la que “pagaba las facturas”.
Esta situación se mantiene hasta que se adjudica el contrato
a la UTE Joca-ACC, por lo que la Ciudad hace los pagos a
esta unión de empresas, “siendo ella, posteriormente, la que
se encarga de abonar los servicios a sus proveedores”,
incluido Ecoceuta.
El portavoz precisó que la primera certificación llegó
acorde a lo establecido, mientras que las de julio y agosto
“venían incorrectas y tenían un error de bulto, puesto que
en lugar de imputar todo el gasto a la empresa
adjudicataria, deglosaba este y, por lo tanto, descontaba
del pago de la certificación partes para el pago de fangos,
coste energético y otros”, dijo Emilio Carreira.
El portavoz, prosiguió, que “hace ya más de un mes que la
intervención lo detectó, los fiscalizó y devolvió las
certificaciones a Acemsa para que se rehiciesen”, no
abonándose, por lo tanto, ninguna de esas dos
certificaciones, explicó Carreira.
“Cuando las certificaciones vuelvan rehechas, acorde a las
condiciones del contrato, se procederá a su abono, como es
lógico”, dijo el portavoz del Gobierno. Apostilló que todo
se ha debido, en este caso, “a un error de la administración
y no del contratista alguno”.
Pero Carreira fue más allá y echó por tierra parte de las
declaraciones realizadas por el gerente de Acemsa en su
comparecencia del jueves, sobre todo cuando aseveró “que
supongo que esto si lo conocía el gerente”, asegurando que
no sabe si lo ocultó o no. Carreira si dijo conocer la
existencia de las certificaciones e, incluso, “cuando
Carracao” estuvo en la oficina de Intervención para pedir
copias de las mismas”.
El portavoz repitió que conocía las certificaciones y “la
fiscalización que había hecho la intervención y que se iban
a devolver a Acemsa para que se rehicieran”. Para el
portavoz, esta “no supone ninguna noticia, si hubiera sido
una el hecho de que la intervención no hubiese funcionado y
se hubiesen fiscalizado favorable y pagado.
Todo lo que se hizo anteriormente, aseguró el portavoz,
refiriéndose a la gestión por parte de Acemsa “estuvo bien
hecho” y, además, los miembros del Consejo de Administración
“trimestralmente recibía un informe de los gastos que
suponía el tener funcionando la planta sin que tuviese un
concesionario”, aseguró Carreira, que agregó que “era Acemsa
la que la estaba gestionando y lo que hacía era subcontratar
determinados servicios, aunque ello tenía un tiempo
limitado”. “Todo el consejo de administración entendió que
tenía que ser así”, dijo.
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