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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez
defendió ayer el uso de instrumentos legales como el cierre
de servidores para combatir la utilización de internet para
actividades terroristas, un aspecto en el que ha incidido en
que es fundamental la cooperación internacional.
Gómez Bermúdez, que participa en una conferencia
internacional sobre terrorismo organizada por el Consejo de
Europa, entre otras instituciones, apostó por herramientas
como la destrucción de servidores con autorización judicial
o la infiltración de virus tipo troyano que destruyan los
blogs que aprovechan los terroristas.
”Nadie discute que a un señor que se le pilla un arma se le
incaute y sin embargo cuando hablamos de internet parece que
nos frenamos”, ha declarado a los periodistas el magistrado,
quien ha argumentado que aún no estamos “habituados a esa
nueva forma de combatir” este fenómeno.
Dada la complejidad de este asunto, puesto que los
servidores utilizados muchas veces están radicados en otros
países y en ese caso los jueces españoles tienen una
posibilidad de acceso inmediato “muy limitada”, Gómez
Bermúdez ha hecho hincapié en la importancia de la
cooperación.
Mediante la cooperación internacional “hay que cambiar todo
eso”, según el juez, quien ha propuesto incluso que se
puedan establecer cortafuegos que hagan que esos sitios de
internet no lleguen a determinados lugares si el país en el
que está radicado el servidor no se presta a cerrarlo.
Internet “no tiene la culpa” del uso “perverso” que hacen
los terroristas y grupos de delincuencia organizada para sus
actividades, ha aclarado Gómez Bermúdez, quien ha recordado
que cualquier avance en la civilización tiene sus pros y sus
contras, y los primeros son más que los segundos.
En cuanto a los medios disponibles para rastrear la
financiación y las actividades terroristas en la red, ha
manifestado que “medios siempre faltan” porque los
delincuentes tienen “mayor flexibilidad y capacidad de
reacción porque no respetan regla alguna”, carencia que “se
suple” con la profesionalidad de las policías, que en el
caso de España son “modélicas”.
En esta cumbre, que reúne a expertos académicos, jueces y
representantes de sesenta países, se debaten los nexos de
unión entre el crimen organizado y el terrorismo.
El magistrado sostiene que el nuevo fenómeno de “terroristas
individuales”, obligará a un esfuerzo para “redefinir el
concepto de terrorismo porque no pertenecen técnicamente a
ninguna organización”, pero sí cometen delitos, lo que
plantea problemas legales y desde el punto de vista
preventivo.
La propuesta de España es tipificar el adiestramiento pasivo
y poner como motivo de expulsión directa cualquier actividad
de radicalismo en blogs o foros, así como establecer
mecanismos de investigación como los agentes encubiertos
virtuales.
En los últimos años, España ha pasado de un terrorismo
interior a la “amenaza terrorista máxima” que representa el
yihadismo, con la particularidad de que es frontera Sur de
Europa y tiene a dos ciudades, Ceuta y Melilla, en el “ojo
del huracán”. Ha resaltado que nuestro país es de los más
avanzados en actuaciones tempranas para prevenir delitos, y
ha subrayado que desde el 11 de marzo de 2004 no haya vuelto
a haber un atentado yihadista en España, lo que ha
calificado de “éxito sin precedentes”.
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