La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, se ha enfrentado este miércoles con varias autonómicas
por la distribución del fondo para la pobreza infantil.
Mato ha defendido el criterio de reparto escogido para el
fondo extraordinario para la infancia, que se basa en la
tasa de pobreza infantil de cada comunidad autónoma y no en
su volumen de población, porque, según ha dicho, es
“objetivo” y “se decidió por consenso” de todos los
gobiernos regionales. No obstante, su departamento no
descarta modificarlo.
Mato se explicaba así ante los medios junto a la secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero,
y el director general del IMSERSO, César Antón, al término
de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia, que se prolongó unas cinco horas y que si bien
tenía una docena de asuntos en el orden del día, estuvo
marcado por la polémica sobre los criterios de reparto del
citado fondo de 17 millones de euros.
Según explicó, el criterio fue acordado en dos reuniones
celebradas en los últimos meses entre los directores
generales de las distintas comunidades autónomas, ante la
disparidad de intereses, pues unas pedían que se repartiese
atendiendo a la población, otras a la dispersión y otras a
la renta.
“Lo que se decidió por todas las comunidades presentes en
esas reuniones es que este año se haría de acuerdo al índice
de pobreza y exclusión social AROPE, que es el que se usa en
Europa”, ha señalado.
La ministra incidió en que “es el sistema que han decidido
las comunidades autónomas de común acuerdo” y en que todos
los gobiernos regionales “están de acuerdo en que nunca
había habido un fondo contra la pobreza infantil y en que
les viene muy bien”. “Lo importante es que aprovechen para
ayudar a quienes mas lo necesitan y que hagan un esfuerzo de
priorización en sus presupuestos para aquellos que más lo
necesitan”, zanjó.
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