La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, asistió
ayer al Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia, donde se ha aprobado el reparto del Fondo
Extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las
familias con menores a cargo y que se encuentren en una
situación de pobreza material severa como consecuencia de la
crisis. Se trata del primer fondo estatal de estas
características destinado a combatir la pobreza infantil, y
del cual a Ceuta llegarán 1,3 millones de euros.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
explicado que las cuantías que reciba cada comunidad
autónoma se han fijado atendiendo a la tasa AROPE que emplea
la UE para medir el riesgo de pobreza y de exclusión social.
Los parámetros que dan lugar a dicho indicador tienen que
ver con el nivel de privación material severa y con la
densidad de desempleo de la zona sobre la que se aplica,
entre otros factores. El recurso a este indicador suscitó el
consenso de las propias Comunidades y Ciudades Autónomas, de
ahí que se haya aplicado para la distribución.
Durante la reunión de la ministra y los consejeros, Rabea
Mohamed defendió la validez del criterio y rechazó que la
población pudiera ser determinante a la hora de proceder al
reparto de fondos. En el caso de Ceuta, la consejera explicó
que la presión migratoria y otros factores como la
extrapeninsularidad o la alta densidad de población
incrementan las necesidades y dificultan la manera de
abordar el problema. Además, recordó que existe una bolsa de
pobreza crónica, que no tiene nada que ver con la situación
coyuntural económica, y que mientras los ciudadanos de otra
localidad se benefician de las acciones que realizan sus
ayuntamientos y sus gobiernos autonómicos, “en Ceuta solo
hay una Administración”. Por ello, defendió que si en otras
ocasiones hubiera que discutir el criterio de reparto,
reclamó que se tuvieran en cuenta estas circunstancias.
El Gobierno de la Ciudad agradece al Ministerio de Sanidad y
a su titular, la ministra Ana Mato, que presidió la reunión
de ayer, que haya defendido la validez del criterio
consensuado por los gobiernos autonómicos, y que permitirá a
la Ciudad Autónoma reforzar sus instrumentos de lucha contra
la pobreza, habiéndose tenido en cuenta, una vez más, las
especiales circunstancias que concurren en Ceuta.
Distribución por acciones
Con ese fondo de 1,3 millones, el Gobierno de la Ciudad, en
concreto, incrementará en 250.000 euros la partida que
destina al Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), que
alcanzará así los 650.000 euros de presupuesto, y 300.000
más se destinarán al programa de alojamiento alternativo,
cuyo importe se elevará a 1,77 millones.
La partida de ayudas sociales crecerá en otros 314.000
euros, mientras que el convenio que la Ciudad mantiene con
Cruz Roja para ayuda de emergencia (alimentación, pagos de
recibos de luz y agua...) se reforzará con 200.000 euros,
que eleva el importe de este acuerdo a casi 524.000 euros,
según la información ofrecida por la portavoz adjunta del
Gobierno, Mabel Deu. 240.000 euros irán a parar a la
financiación de los comedores escolares, la mitad para el
programa puesto en marcha por las consejerías de Educación,
Cultura y Mujer y Asuntos Sociales durante el verano y el
resto de apoyo al Ministerio de Educación durante el curso
escolar.
Fondo de viviendas sociales
El Consejo Territorial que ayer se celebró en el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobó otras
medidas dirigidas a la atención de los colectivos más
vulnerables, y una de las más importantes en este sentido ha
sido la ampliación de los sectores de población que podrán a
partir de ahora acceder al Fondo Social de Viviendas, es
decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias
pusieron a disposición de familias y personas que no podían
hacer frente al pago de sus hogares o que fueron
desahuciados.
Aparte de los colectivos a los que favorecían las
condiciones de acceso al Fondo, figurarán también como
beneficiarios las familias con hijos menores a cargo (ya
estaban las familias con hijos de hasta tres años) que
tengan problemas para pagar su vivienda o que estén en
riesgo de desahucio, las personas con discapacidad o
dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor
de inclusión social y las personas jubiladas o prejubiladas
que hayan asumido mediante avales las deudas de sus hijos o
nietos, entre otros.
Personas sin hogar
Por otra parte, el Consejo abordó la situación de las
personas sin hogar en España. El Consejo Territorial de
Servicios Sociales y Dependencia, a instancias del
Ministerio, ha propuesto a las Comunidades Autónomas la
creación de un grupo de trabajo que articule los ejes de la
que será una nueva Estrategia para Personas Sin Hogar. El
plazo previsto para aprobar dicha Estrategia es el primer
trimestre de 2015.
El grupo de trabajo, por consiguiente, asumirá la tarea de
redactar un documento conforme a unos ejes que versarán
sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de
salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.
Protección a la infancia
La ministra, asimismo, informó ante el Consejo de los
anteproyectos de reforma de la legislación de protección a
la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado
25 de abril. Los dos anteproyectos servirán para incluir en
el ordenamiento español una reforma que agiliza y
flexibiliza los procedimientos de acogimiento y adopción de
menores, siempre en función de su bienestar. El proyecto del
Ministerio pretende que los menores estén con una familia
porque así se garantiza un mejor desarrollo, formación y
crecimiento, según demandan asociaciones y expertos. Las
adopciones internacionales se vuelven más garantistas y se
refuerza la protección de niños y niñas ante casos de abusos
y acoso. De este modo, funcionarios, empleados públicos y
administraciones deberán trasladar a la Fiscalía cualquier
situación de abusos a menores, puesto que si no lo hacen,
podrían incurrir en un delito de omisión.
Otro de los puntos más destacados de la reforma es la
protección específica que se dará, al menos cuando sea
víctima de violencia de género, en lo que sobresale la
apuesta por promover que estén junto a sus madres. Y será
obligatorio de partir de ahora que todas las medidas
legislativas puestas en marcha estén acompañadas de un
informe sobre el impacto que causen en las políticas de
infancia.
Discapacidad
La ministra informó, además, al Consejo Territorial el
proyecto de Real Decreto por el que se unifican los
criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de
personas con movilidad reducida, de modo que el documento
que haya expedido el órgano competente en un municipio sea
válido en todos los demás, sin excepción. Con la medida se
cubre una reclamación histórica de los representantes de las
personas con discapacidad.
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Vivas: “Cuando se asignan recursos a algo tan sensible como
la pobreza, el tamaño no es un criterio de mérito”
El presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, se pronunció ayer en lo relativo a la polémica
suscitada por el reparto del fondo estatal para la pobreza,
con el que algunas comunidades autónomas se han mostrado
disconforme y así agradeció al Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales “que haya defendido ese criterio”.
Ello demuestra, a juicio del presidente, una “cosa
fundamental, que cuando se trata de asignar recursos que van
dirigidos a algo tan sensible como es luchar contra la
pobreza, el tamaño no es un criterio de mérito”. “Lo que
demuestra, prosiguió el presidente, es que el tamaño en
sentido inverso; es decir, la menor dimensión es un atributo
en favor de la solidaridad”.
Para el responsable del Ejecutivo ceutí lo dicho “es algo
muy importante y que da mucho mérito a la ministra y también
a la secretaria de Estado, puesto que al final, lo que están
diciendo que el recurso se destina donde más se necesita,
con independencia del tamaño de quién lo necesita”.
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