Encendida polémica en el debate sobre la moción de Caballas
relativa a la anulación del decreto por el que se establece
la variación de costes de comercialización de la bombona de
butano con una subida de 2,15 euros. De “injusta e
injustificable” califica Caballas el incremento y de
“sinrazón” del Gobierno. “La primera vez que se trajo se
ampararon en argumentos técnicos -dijo Aróstegui-, a
continuación como compensación, cuando no había razones para
hacerlo”.
Para Caballas “han metido mano en el bolsillo de los ceutíes
para engordar el bolsillo de la empresa” y aludió al informe
de la empresa para sustentar la subida: “amenaza a esta
institución. El informe es una vergüenza”, manifestó
Aróstegui, por aducir pérdidas como factores específicos,
“cuando no aparece la cuenta de explotación, ni los
beneficios. Dicen que las tasas y el mantenimiento son
costes específicos locales, incluyen intereses de préstamos
en costes específicos y cobran más de 2 euros sin justificar
económicamente la subida; algo intolerable”, en palabras de
Aróstegui, ya que no han tenido en cuenta los beneficios de
las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social y el
impuesto sobre Sociedades.
“La descompensación con el Ayuntamiento -dijo Aróstegui-,
quieren que la pague el ciudadano”. Para el diputado de la
oposición, esta subida del 15% “demuestra que ustedes están
con la empresa y no con los ciudadanos”.
Susana Román aludió al informe del Director General de
Tributos, donde especificaba las condiciones, “la norma no
nos habilita a conocer la cuenta para costes de explotación.
El coste repercute en la insularidad y en el transporte”.
Román aludió a los fletes, IPSI (que es repercutible),
infraestructuras, retimbrado de las bombonas...” Y se
refirió a la subvención que el Gobierno da a los ciudadanos
necesitados, que ha pasado de los 150.000 euros a los
600.000 euros para ayudas al bUtano, la luz, el agua y
cuestiones básicas.
Para Aróstegui, el Decreto no ha seguido un procedimiento
lógico. “Ustedes han pactado con la empresa y han resuelto
el problema. Anulen el Decreto y exija la justificación de
las cuentas. ¿Saben lo que se ahorran por residir en Ceuta?
¿Es justa una nueva agresión a las familias por su falta de
rigor? Caballas no se opone al interés legítimo de la
empresa; nos oponemos al abuso y queremos que justifiquen
pérdidas”.
Susana Román replicó que no actúa por capricho el Gobierno y
que actúan por unos parámetros. “La Orden Ministerial nos
ampara. No es una cuestión de voluntad política sino de
legalidad”.
Aróstegui insistió que, del informe de 26 páginas de la
empresa, dos están dedicadas al acuerdo con el consejero de
Hacienda. “El resultado -dijo-, es reconocer el 1.400.000
euros, te lo pago en 4 años y al final, ‘el problema’ lo
pagan los ciudadanos”, argumentó Aróstegui, que insistió en
la falta de justificación de la empresa para la subida.
“Esos números cogidos con alfileres, hechos de manera
malintencionada, asumidos de manera irracional por el
Gobierno, no es una forma de gobernar en esta situación
dramática de tantas familias. La subida es el máximo
posible. ¡Qué casualidad!”
Concluyó su intervención el diputado del primer grupo de la
oposición insistiendo en que es una “subida sin números y
sin justificación. No quieren solucionar el problema” en un
bien de primera necesidad.
La votación arrojó un total de 4 votos a favor (los de la
oposición) y 15 en contra (los del Partido Popular). De esta
manera, fue rechazada la propuesta de Caballas, tras un duro
debate.
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