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Un total de ocho organización no gubernamentales,
representada por un integrante de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía, y dos integrantes del colectivo de
sirios concentrados en la Plaza de los Reyes fueron los
encargados de presentar, no con ciertas dificultades por los
problemas que le pusieron los agentes de la Guardia Civil
que están en la puerta y que cumplían órdenes de arriba,
ante el Registro de la Delegación del Gobierno en Ceuta las
tres mil firmas logradas de apoyo a la petición del traslado
de los sirios a la Península, así como una carta, firmada
por los colectivos, en la que califican de intolerable la
situación por la que atraviesan los 87 concentrados, entre
ellos niños y alguna mujer anciana, e instan a la
Administración Central a que tramiten los permisos
necesarios para su traslado hasta la Península.
La actitud de los agentes de la Guardia Civil, que obedecían
órdenes, ya hizo presagiar que la presentación de la
documentación citada no iba a ser fácil y Juan Luis
Aróstegui, que estaba acompañado de su compañero Mohamed
Alí, preguntaba incesantemente el motivo porque el que no se
podía acceder a un registro público.
Pasados unos quince minutos, el representante de APDHA, Amin
Souissi, junto a dos integrantes del colectivo de sirios
pudieron pasar, mientras que a los miembros de los medios de
comunicación no se les permitió el paso ni tomar fotografías
del momento de la entrega, ya que según el jefe del gabinete
de prensa de la Delegación, Roberto Franca, “no respetan el
derecho de los funcionarios a no salir en las fotografías”.
Esto viene a colación cuando la funcionaria del Registro
mostró su disconformidad a ser fotografiada en el momento de
la entrega. El jefe de prensa de la Delegación del Gobierno
señaló en concreto a EL PUEBLO como uno de los que “no
respetaba el derecho de los funcionarios”.
En el escrito, dirigido al delegado del Gobierno y, a través
de él, al ministro del Interior, las organizaciones no
gubernamentales ponen de manifiesto su enorme preocupación
por la situación que padecen los sirios en Ceuta,
argumentando que los 87 que están acampados desde hace unos
45 días frente al edificio de la Delegación del Gobierno,
niños, recién nacidos y mujeres, alguna mayor de 80 años,
están sobreviviendo en condiciones lamentables, “sin recibir
ayuda humanitaria, ni siquiera de la Cruz Roja”.
La situación es calificada por los colectivos y los
asentados como intolerable y como una “de violación de los
más elementales derechos humanos” y se intenta justificar
por el principio de autoridad y el “llamado efecto llamada”.
Para todos, resulta extremadamente cruel hacer sufrir a
familias enteras, menores incluidos, para hacer
demostraciones de firmeza, en clara alusión a la actitud
mantenida desde la Delegación del Gobierno, tratando de
evitar así la llegada de nuevas personas, se dice en el
escrito presentado.
Tanto colectivos como acampados hicieron ver que no se debe
olvidar que los sirios huyen de una guerra terrible y la
mayoría han empeñado todas sus vidas para llegar a un país
“supuestamente democrático” con el fin de intentar rehacer
sus vidas con seguridad y con un futuro esperanzador.
Las organizaciones no entienden la falta de diligencia de la
administración, que “somete a estas personas a unas
condiciones de vida inhumanas, es por lo que instan a la
administración a tramita los permisos necesarios para su
salida a la Península. El representante de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía denunció la actitud de la
Delegación, que “no nos dejaba de entrar, aunque al menos
nos han dejado salir”, y que los sirios tienen derecho a ser
considerados como refugiados.
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