El secretario general del PSOE ceutí, José Antonio Carracao,
volverá a acudir a Fiscalía para que investigue en esta
ocasión el pago de 210.000 euros, divididos en 21 facturas,
por el mantenimiento del cementerio de Santa Catalina entre
2009 y 2011. Un trabajo en el que no medió ningún contrato,
según denunció ayer el socialista tras investigar el caso.
Carracao explicó ayer en rueda de prensa como buzeando en
las actas de anteriores Consejos de Gobierno encontró que el
21 de febrero de este año se propuso la aprobación de la
actualización del inventario de bienes de la Ciudad Autónoma
a fecha de 2011. Interesado por este inventario, el
socialista pidió más información y se encontró que dentro
del expediente había un informe firmado por un técnico
rematado por una observación.
En ella, el técnico señala que “llama la atención una
inversión concreta que aparece reflejada en el capítulo
sexto del presupuesto relativa al mantenimiento en el
cementerio de Santa Catalina cuyos trabajos ha llevado a
cabo la empresa Africana de Construcciones y Contratas (21
mensualidades de 10.000 euros) cuya adjudicación no se ha
llevado a cabo a través de la Oficina de Contratación,
encargada de tramitar los contratos mayores de obra,
servicio y suministro como puede constatarse mediante
escrito de la jefa de negociado de dicho servicio donde
expresa la inexistencia de tal contrato”. Carracao leyó
literalmente esta observación que para el tiene “gravedad
significativa” y así lo trasladó.
Además, el socialista contó como tras ver este informe se
dirigió a Contratación para que le facilitaran los
documentos de comunicación entre los distintos servicios y
fue ahí donde le trasladaron que existe un escrito de
Patrimonio a Contratación en el que dice que con motivo de
los trabajos de actualización del inventario de bienes se
comprueba en los datos de contabilidad que se han abonado 21
facturas y el escrito termina rogando que manden copia del
contrato. “La respuesta de Contratación es que en el
negociado no consta contrato alguno”, afirmó Carracao que
tras conocer este extremo acudió por último a Tesorería para
pedir los mandamientos de pago, firmados por la responsable
de Cementerios, Adela Nieto. Allí se encontró con 21
facturas, sin registro, todas por un importe de 10.000 euros
cada una que se han abonado a la empresa ceutí con cargo al
Plan de Pago a Proveedores. Para el líder socialista esto
supone un doble “quebranto económico” para los ceutíes.
Primero, por el abono de 210.000 euros “sin concurso, con
una adjudicación verbal sustentada únicamente en la
apetencia del Gobierno, y por la que no podemos tener el
mejor precio”. En segundo lugar, porque este pago se realizó
con cargo al Plan de Pago a Proveedores, lo que además
genera unos intereses.
“Este Gobierno no tiene el más mínimo pudor y señalo como
máximo responsable al presidente, que se parapeta detrás de
los consejeros como si fueran fichas para intentar
salvaguardar su imagen, exigiéndoles que firmen cualquier
cosa”, acusó Carracao para asegurar que Vivas va
“sacrificando peones” en la partida que tiene iniciada y que
está “muy lejos del interés general”. El socialista
recriminó al presidente que esté haciendo “contrataciones
directas sin el más mínimo respeto al procedimiento legal”.
Y, ante esta situación, Carracao aseguró que las preguntas
son muchas: ¿Por qué se producen las encomiendas verbales?
¿Por qué no sacarlo a concurso? Y es que, para el secretario
general del PSOE, el mantenimiento del cementerio es “un
hecho programable en el tiempo” ya que las facturas se
prolongan durante 21 meses.
“No es una actuación puntual movida por una emergencia, sino
un mantenimiento mensual”, alegó para cuestionar también el
precio de 10.000 euros mensuales. Y es que, Carracao duda de
que el precio esté ajustado a mercado y así lo señaló ayer
en rueda de prensa. Por último, el socialista advirtió de
que hay que “cortar esta sangría y este abuso” para devolver
“el respeto a la honradez a las decisiones políticas”. Para
ello, Carracao señaló que hay que poner en conocimiento de
las instancias judiciales casos como este, que llevarán a la
Fiscalía como ya hicieran con la compra de las bateas.
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