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¿Es necesaria la reforma de la Justicia? Esta es la pregunta
básica y, a la vez complicada, que planteó ayer el fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su intervención
en las V Jornadas Jurídicas de Ceuta. Para contestar a esta
cuestión, Torres-Dulce habló sobre los últimos datos del CIS
en el que se refleja que los ciudadanos no tienen una buena
valoración de la administración judicial, aunque esta mejora
cuando la persona ha tenido contacto con la administración.
“Las políticas de comunicación, que ahora están dispersas,
ayudarían a la mejora de esa percepción”, aseguró el fiscal
general, que reconoció, por otro lado, que si esta reflexión
se hace en el interior de la administración, “la sensación
es que la situación no es buena y es necesaria la reforma”.
Aunque Torres-Dulce señaló que no se considera
“catastrofista” ni cree que los plazos de respuesta sean tan
malos, si aboga por la reforma y se remontó a la Exposición
de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada
por el ministro de Justicia Alonso Martinez en 1882 para
fundamentar este cambio por estar según señaló, “vigente”.
Alonso Martínez escribía que el pueblo español, “tan
civilizado y culto”, no se podía resignar a un sistema
semejante mostrándose indiferente y aseguraba que el
extranjero que estudiara la organización española, tendría
por necesidad una idea injusta y falsa de la civilización y
cultura españolas, debido a un sistema que se consideraba
obsoleto porque no atacaba los problemas de raíz.
La segunda pregunta que Torres-Dulce lanzó al auditorio fue
si pueden arreglar la actual situación de la Justicia las
leyes. El fiscal general no dudó en contestar que no. “En
España las cosas se intentan arreglar de la forma más barata
posible, legislando negro sobre blanco en el Boletín Oficial
del Estado”, lamentó para señalar como “desatinada” la
costumbre de “establecer parcheos” con reformas “poco
meditadas”, entre las que como ejemplo citó el vigente texto
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No obstante,
Torres-Dulce sí manifestó que “la realidad social se puede
cambiar con leyes, como sucedió con la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de Alonso Martínez”. “Este es un ejemplo de que
edificios legislativos pueden cambiar la realidad social
cuando se hacen bien”, apostilló.
A continuación, el fiscal general habló sobre la reforma del
Código Penal ya que el actual, para el, no responde al
principio de intervención mínima de un “código realista”, es
decir, que califique como penal los delitos más graves y no
todos por norma. Torres-Dulce lamentó que el actual código
considere que “todo es delito”, lo que, a su juicio, dice
muy poco de una sociedad como la española, que no es
conflictiva.
Por otro lado, el fiscal general advirtió que cuando se
abordan reformas en el ámbito de la justicia se deja de lado
la memoria económica o las negociaciones con los colegios
profesionales.
Torres-Dulce reconoció que es necesario bajar la
litigiosidad en España, donde los ciudadanos acuden por
norma a los juzgados en lugar de recurrir a otros
instrumentos como la mediación. Además, también habló de
reducir los tiempos de respuesta. Para ello, reclamó que se
invierta más en tecnología y en personal auxiliar, y es que,
el fiscal general aseguró que el número de jueces y fiscales
no es escaso, pero sí el de administrativos. Torres-Dulce
lamentó que haya ocho sistemas informáticos distintos y, no
menos de cuatro, incompatibles, para una institución a la
que se le exige un principio de unidad de actuación y
criticó que se invierte “con poca precisión” en la
administración de justicia, dejando de lado un avance
tecnológico que sí se ha realizado en otras
administraciones, según señaló.
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La modificación de la justicia universal, permisiva con
narcotráfico y terrorismo
El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce se mostró ayer muy crítico con la
modificación de la ley de jurisdicción universal, de la que
señaló que es “permisiva” con las operaciones de
narcotráfico y terrorismo. Además, anunció que seguirán
planteando “cuestiones de inconstitucionalidad” en los casos
necesarios. Torres-Dulce señaló que el Ministerio Fiscal
“respeta la voluntad del Gobierno y del Parlamento” pero
también manifestó que en esta ley compleja, una parte les ha
parecido completa, otra perfectamente discutible y ante la
tercera, se manifestarán en desacuerdo. Torres-Dulce lamentó
que la modificación de la ley que reforma la justicia
universal permita “una interpretación mucho más acorde y
permisiva con respecto a operaciones de narcotráfico o
terrorismo”.
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