El presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE),
Rafael Montero Ávalos, tildó ayer de “triste” que sindicatos
y partidos políticos apoyen la reivindicación de los
funcionarios a los que se le ha quitado la deducción fiscal
por, supuestamente, no haber pasado en Ceuta los 183 días
que obliga la ley. “Con gran tristeza veo que hasta un
partido político se suma a lo que podría ser una
ilegalidad”, manifestó ayer Montero Ávalos refiriéndose a
UPyD, al que acusó de no defender los intereses de Ceuta.
“Estamos hablando de una evasión económica enorme”, advirtió
el presidente que aclaró: “Nadie está prohibiendo a nadie
que vaya a ningún sitio, pero para tener el beneficio del
50% fiscal, que menos que medio año se resida de forma
efectiva en Ceuta”.
Ante estas declaraciones, el coordinador territorial de UPyD
Ceuta, Julián Domínguez, contestó que su partido “no ha
dicho eso en ningún momento”. “Decimos que se cumplan las
normas y Montero da por hecho que eso se está haciendo bien,
porque contabilizar libranzas, festivos o vacaciones, no
creemos que sea aplicar la ley de forma correcta, sino con
afán recaudatorio y eso va en contra del artículo 31 de la
Constitución que dice que los impuestos se aplicaran de
forma igualitaria y sin carácter confiscatorio”, matizó.
Domínguez recordó que vivir en Ceuta “no significa que
compremos aquí”. “Yo le lanzó la pelota al presidente de la
CECE para que los productos y los precios de la ciudad sean
los mismos que en la península”, propuso Domínguez para
reiterar que desde UPyD se defiende el interés de Ceuta,
pero no la “discriminación”.
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